Esta dimensión aborda las funciones esenciales mediante las cuales el Estado garantiza el orden, protege a sus ciudadanos y asegura las condiciones de convivencia sobre las que se asienta cualquier proyecto de desarrollo. Comprende la defensa nacional —incluido el resguardo de la soberanía territorial y de los recursos estratégicos—, la seguridad interior frente al delito complejo y el narcotráfico, y el funcionamiento del sistema de justicia.

La relación entre seguridad y desarrollo es de doble vía: no hay prosperidad sostenible sin un mínimo de orden previsible, ni seguridad genuina sin un desarrollo que atienda sus causas profundas.