La reforma del Régimen Penal Juvenil reactivó el debate público. Sin embargo, también dejó en evidencia un aspecto que permanece relativamente ausente en la agenda política: el funcionamiento del sistema penitenciario. Mientras que el debate se centró en quienes deben ingresar a este, se evitó plantear con fundamentos qué es lo que ocurre una vez que alguien ha ingresado al mismo.

Algunos estudios establecen que el 41% de las personas privadas de su libertad reinciden en actividades delictivas. Esto nos muestra que una parte del sistema penitenciario enfrenta dificultades para disminuir la criminalidad en poblaciones que han cumplido una condena.

Esta alta tasa de reincidencia no solo tiene implicancias en términos de seguridad pública, sino que también incide en el funcionamiento institucional del Estado. Cada nuevo delito implica nuevos procesos judiciales, mayores intervenciones policiales y nuevos períodos de encarcelamiento y cumplimiento de condenas. Este ciclo genera una presión sostenida sobre el sistema judicial y la administración penitenciaria, además de implicar costos económicos significativos para el Estado y la sociedad.

Frente a este escenario, resulta fundamental pensar soluciones alternativas en materia de política pública carcelaria. Una de ellas es la de la Fundación Espartanos de Buenos Aires, que se replica en numerosas provincias. A través de la práctica del rugby y el acompañamiento en talleres de formación, han logrado reducir en niveles significativos la reincidencia entre quienes participan de su programa. Otras experiencias similares, como la desarrollada por la Fundación Acción Interna en Colombia, buscan fortalecer la formación y la inserción socio-laboral de los privados de su libertad como herramientas para reducir la posibilidad de volver a cometer un delito.

Repensar el sistema penitenciario no implica debilitar el cumplimiento de la condena, sino analizar cómo esta se ejecuta. La privación de la libertad constituye una sanción establecida por el sistema judicial, pero su desarrollo también debería orientarse a reducir la reincidencia. Incorporar programas de formación, trabajo y acompañamiento no solo genera mejores condiciones de reinserción social, también contribuye a disminuir los costos que este ciclo genera para el Estado.

Si existen programas capaces de reducir la reincidencia y los costos económicos del sistema penitenciario, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos dispuestos a invertir en ellos? Y, a su vez, ¿por qué no lo estamos haciendo?

The reform of the Juvenile Criminal Regime reactivated public debate. However, it also exposed an aspect that remains relatively absent from the political agenda: the functioning of the penitentiary system. While the debate focused on who should enter it, it avoided raising grounded arguments about what happens once someone has entered it.

Some studies establish that 41% of people deprived of their liberty reoffend in criminal activities. This shows us that a portion of the prison system faces difficulties in reducing criminality in populations that have served a sentence.

This high recidivism rate not only has implications for public safety but also affects the institutional functioning of the State. Each new crime implies new judicial processes, greater police interventions, and new periods of incarceration and sentence completion. This cycle generates sustained pressure on the judicial system and prison administration, in addition to carrying significant economic costs for the State and society.

Faced with this scenario, it is essential to consider alternative solutions regarding prison public policy. One of them is that of the Fundación Espartanos in Buenos Aires, which is replicated across numerous provinces. Through the practice of rugby and support in training workshops, they have managed to significantly reduce recidivism among those participating in their program. Other similar experiences, such as the one developed by the Fundación Acción Interna in Colombia, seek to strengthen training and social-labor integration for those deprived of their liberty as tools to reduce the likelihood of reoffending.

Rethinking the prison system does not imply weakening sentence completion, but rather analyzing how it is executed. The deprivation of liberty constitutes a sanction established by the judicial system, but its development should also be oriented toward reducing recidivism. Incorporating training, work, and mentorship programs not only generates better conditions for social reintegration but also contributes to decreasing the costs that this cycle generates for the State.

If programs capable of reducing recidivism and the economic costs of the penitentiary system exist, the question becomes inevitable: are we willing to invest in them? And, in turn, why aren't we doing it?