En materia de indemnizaciones por despido, se reduce la base de cálculo, excluyendo conceptos como el aguinaldo, premios no habituales o pagos extraordinarios. Además, se establece que la indemnización abonada tiene carácter “total y cancelatorio”, con el objetivo de reducir litigios posteriores. También se fija un mecanismo de actualización automática por inflación más un interés fijo, en reemplazo de la discrecionalidad judicial.

Uno de los puntos más novedosos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema alternativo al esquema tradicional de indemnización. Bajo este modelo, el empleador realiza aportes mensuales a un fondo destinado a cubrir eventuales despidos. El fondo es optativo y convive con el régimen clásico, pero busca anticipar y distribuir en el tiempo el costo del despido, reduciendo su impacto financiero inmediato.

En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, el proyecto habilita bancos de horas, permitiendo compensar horas extra con descansos posteriores, y flexibiliza el régimen de vacaciones. También se amplían las posibilidades de negociación salarial, incorporando premios por productividad o desempeño.

El proyecto introduce además cambios en la negociación colectiva, eliminando la ultra-actividad de los convenios (es decir, dejan de regir una vez vencidos si no hay un nuevo acuerdo) y otorgando mayor peso a los convenios por empresa. En paralelo, se amplía la lista de servicios esenciales, restringiendo el alcance del derecho de huelga en sectores considerados estratégicos, como el transporte y la logística (especialmente puertos, transporte de cargas y distribución de combustibles), los servicios energéticos como electricidad, gas y petróleo, las telecomunicaciones, el sistema financiero y los medios de pago electrónicos, así como áreas clave de la salud y la producción y distribución de alimentos.

Finalmente, la reforma incorpora incentivos a la formalización laboral, como reducciones temporales de cargas patronales para nuevas contrataciones y un régimen de regularización del empleo no registrado. Este esquema busca facilitar la transición de trabajadores informales al empleo formal, reduciendo los costos iniciales para los empleadores y ofreciendo mecanismos de blanqueo sin sanciones retroactivas severas. El objetivo es ampliar la base del empleo registrado de manera gradual, mejorar la protección social de los trabajadores y aumentar la recaudación previsional en el mediano plazo.

Modelos internacionales comparables: ¿qué se hizo en otros países?

Aunque el debate sobre la reforma laboral suele presentarse como excepcional, muchos de los instrumentos incluidos en la reforma argentina tienen antecedentes internacionales.

Un caso paradigmático es Austria, que en 2003 reemplazó el sistema tradicional de indemnización por despido por un fondo individual de capitalización, conocido como “mochila austríaca”. En este esquema, el empleador aporta mensualmente un porcentaje del salario a una cuenta a nombre del trabajador. El fondo acompaña al trabajador durante toda su trayectoria laboral y puede utilizarse al finalizar la relación laboral o incluso para la jubilación. Este sistema redujo significativamente la litigiosidad y aumentó la movilidad laboral, aunque funciona en el marco de un Estado de bienestar sólido.

Otro modelo frecuentemente citado es el de Dinamarca, basado en el principio de “flexiguridad”. Allí, la legislación permite una alta flexibilidad para contratar y despedir, pero se combina con seguros de desempleo generosos y políticas activas de capacitación y reinserción laboral. La experiencia danesa muestra que la flexibilidad no necesariamente implica precarización, siempre que esté acompañada de una fuerte protección social.

En España, las reformas laborales de 2012 introdujeron límites a la ultraactividad de los convenios colectivos y redujeron costos de despido, buscando dinamizar el empleo. Sin embargo, el aumento de la precariedad llevó a una nueva reforma en 2021, que reequilibró el sistema fortaleciendo la negociación colectiva. El caso español ilustra que las reformas laborales suelen requerir ajustes posteriores.

En América Latina, Chile avanzó en una modernización más gradual, manteniendo el sistema indemnizatorio pero introduciendo mejoras en la negociación colectiva y regulaciones para nuevas formas de empleo. Su experiencia muestra una estrategia incremental, con menor impacto inmediato pero mayor estabilidad normativa.

Estos casos sugieren que no existe un único modelo exitoso: los resultados dependen del equilibrio entre flexibilidad, protección social e instituciones fuertes.

Pros y contras de la reforma

Entre los argumentos a favor, se destaca la actualización de una legislación considerada obsoleta. Diversos economistas y especialistas sostienen que una mayor previsibilidad jurídica y la reducción de la litigiosidad podrían incentivar la contratación formal, especialmente en pymes. El fondo de cese laboral, en particular, permitiría distribuir el costo del despido y reducir conflictos judiciales.

Sin embargo, los cuestionamientos son significativos. Juristas y sindicatos advierten que la reforma reduce el nivel de protección del trabajador, debilita el principio protectorio del derecho laboral y restringe el derecho de huelga. Además, algunos economistas alertan sobre el impacto fiscal del FAL, ya que el desvío de aportes podría afectar el financiamiento del sistema previsional. A ello se suma el riesgo de que una mayor flexibilidad, en un contexto de alta informalidad y una red de protección social limitada, derive en empleos más inestables sin una mejora sustancial en la creación de puestos formales.

Una reforma necesaria, pero no exenta de riesgos

La reforma laboral propuesta en 2025 representa uno de los intentos más ambiciosos de redefinir las reglas del trabajo en Argentina desde el retorno de la democracia. Responde a problemas reales y persistentes del mercado laboral, pero también plantea tensiones profundas entre eficiencia económica y protección social.

La experiencia internacional muestra que la flexibilización puede contribuir a dinamizar el empleo, pero solo cuando se combina con instituciones sólidas y políticas de protección activas. En ese sentido, el desafío central para Argentina no es solo cambiar normas, sino construir un equilibrio sostenible entre competitividad, derechos laborales y cohesión social. El resultado final dependerá tanto del texto aprobado como de su implementación efectiva. Más que una solución inmediata, la reforma abre un proceso de redefinición del modelo de trabajo en el país.

In a country with stagnant formal employment, high levels of informality, and labor legislation designed for another era, labor reform returns to the center of debate. The project driven in 2025 proposes to change historic rules in the world of work and reopens a key question: how to balance flexibility, rights, and job creation in today's Argentina?

What does this initiative respond to?

The labor reform promoted by the Argentine government is part of a diagnosis shared by technical bodies and research centers: the Argentine labor market shows persistent structural problems. For over a decade, formal private employment has practically not grown, while informal or self-employed work increases. The number of registered employees in the private sector has been stagnant since 2010, and informality surpassed 40% of employed workers in the second quarter of this year.

Within this framework, the government proposes the need to redefine the "regulatory architecture of labor" with explicit goals: to generate formal private employment, reduce informality, attract investments, provide predictability for employers and workers, and increase tax revenue. The core premise is that simpler and more predictable legislation could incentivize formal hiring and expand the contributory base.

Added to this scenario is a complex and highly litigious regulatory framework. Severance costs, legal uncertainty, and the duration of labor lawsuits disincentivize hiring, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). In this context, the government argues that current legislation, conceived for a stable and industrial economy, does not adapt to a more fragmented, digitalized, and volatile labor market.

Another key rationale for the government to push the labor reform is its potential positive effect on public revenue. The official reasoning stems from a simple logic: more formal employment implies more workers and employers contributing to the fiscal and pension system, which strengthens State finances without the need to raise taxes.

What changes does the project introduce?

Regarding severance pay for dismissal, the calculation base is reduced by excluding concepts such as the biannual bonus (aguinaldo), non-habitual bonuses, or extraordinary payments. Furthermore, it establishes that the severance paid has a "total and cancellatory" nature, aiming to reduce subsequent litigation. An automatic update mechanism based on inflation plus a fixed interest rate is also established, replacing judicial discretion.

One of the most novel points is the creation of the Labor Assistance Fund (Fondo de Asistencia Laboral – FAL), an alternative system to the traditional severance scheme. Under this model, the employer makes monthly contributions to a fund destined to cover eventual dismissals. The fund is optional and coexists with the classic regime, but it seeks to anticipate and distribute the cost of dismissal over time, reducing its immediate financial impact.

Regarding the organization of working time, the project enables hour banks, allowing overtime to be compensated with subsequent rest periods, and makes the vacation regime more flexible. Opportunities for salary negotiation are also expanded, incorporating productivity or performance bonuses.

The project also introduces changes to collective bargaining, eliminating the ultra-actividad of agreements (meaning they cease to be in effect once expired if there is no new agreement) and giving greater weight to company-level agreements. In parallel, the list of essential services is expanded, restricting the scope of the right to strike in sectors considered strategic, such as transport and logistics (especially ports, freight transport, and fuel distribution), energy services like electricity, gas, and oil, telecommunications, the financial system and electronic payment methods, as well as key areas of healthcare and food production and distribution.

Finally, the reform incorporates incentives for labor formalization, such as temporary reductions in employer contributions for new hires and a regularization regime for unregistered employment. This scheme seeks to facilitate the transition of informal workers into formal employment, reducing initial costs for employers and offering amnesty mechanisms without severe retroactive sanctions. The goal is to gradually expand the registered employment base, improve social protection for workers, and increase pension fund collection in the medium term.

Comparable international models: what was done in other countries?

Although the debate over labor reform is often presented as exceptional, many of the instruments included in the Argentine reform have international precedents.

A companion case is Austria, which in 2003 replaced its traditional severance pay system with an individual capitalization fund, known as the "Austrian backpack" (mochila austríaca). In this scheme, the employer contributes a monthly percentage of the salary to an account under the worker's name. The fund accompanies the worker throughout their entire employment history and can be used upon the termination of the employment relationship or even for retirement. This system significantly reduced litigation and increased labor mobility, although it functions within the framework of a robust welfare state.

Another frequently cited model is Denmark's, based on the principle of "flexicurity." There, legislation allows high flexibility for hiring and firing, but it is combined with generous unemployment insurance and active training and labor reintegration policies. The Danish experience shows that flexibility does not necessarily imply precarization, provided it is accompanied by strong social protection.

In Spain, the 2012 labor reforms introduced limits to the ultraactividad of collective agreements and reduced dismissal costs, seeking to revitalize employment. However, the rise in job insecurity led to a new reform in 2021, which rebalanced the system by strengthening collective bargaining. The Spanish case illustrates that labor reforms usually require subsequent adjustments.

In Latin America, Chile advanced through a more gradual modernization, maintaining its severance system but introducing improvements to collective bargaining and regulations for new forms of employment. Its experience shows an incremental strategy, with less immediate impact but greater regulatory stability.

These cases suggest that no single successful model exists: results depend on the balance between flexibility, social protection, and strong institutions.

Pros and cons of the reform

Among the arguments in favor, the updating of a legislation considered obsolete stands out. Various economists and specialists argue that greater legal predictability and a reduction in litigation could incentivize formal hiring, especially in SMEs. The labor cessation fund, in particular, would allow the cost of dismissal to be distributed and reduce judicial conflicts.

However, the objections are significant. Jurists and trade unions warn that the reform reduces the worker's level of protection, weakens the protective principle of labor law, and restricts the right to strike. Furthermore, some economists warn about the fiscal impact of the FAL, as diverting contributions could affect the financing of the pension system. To this is added the risk that greater flexibility, within a context of high informality and a limited social safety net, might lead to more unstable jobs without a substantial improvement in the creation of formal positions.

A necessary reform, but not without risks

The labor reform proposed in 2025 represents one of the most ambitious attempts to redefine the rules of work in Argentina since the return to democracy. It responds to real and persistent problems in the labor market, but it also raises deep tensions between economic efficiency and social protection.

International experience shows that flexibilization can contribute to revitalizing employment, but only when combined with solid institutions and active protection policies. In that sense, the central challenge for Argentina is not just changing rules, but building a sustainable balance between competitiveness, labor rights, and social cohesion. The final outcome will depend both on the approved text and its effective implementation. More than an immediate solution, the reform opens a process of redefinition for the model of work in the country.