Durante la AmCham Summit 2026, Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para el desarrollo económico y la atracción de inversiones. En este marco, afirmó que dicho concepto no siempre es entendido de la misma manera y remarcó que debe ser garantizada tanto para el inversor como para el beneficiario de los activos.

A partir de esta premisa, estructuró su argumento en dos dimensiones. Por un lado, una dimensión normativa, vinculada a las reglas de juego que afectan la actividad económica, como las regulaciones, la política impositiva, las tarifas o el tipo de cambio. Por el otro, una dimensión institucional, asociada al funcionamiento del sistema republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.

En este esquema, Rosatti ubicó a la Justicia en un rol transversal. Según explicó, interviene en ambos planos: en el normativo, al interpretar las reglas y pronunciarse sobre su constitucionalidad; y en el institucional, al garantizar el equilibrio entre poderes. De este modo, planteó que la seguridad jurídica no depende únicamente de la estabilidad de las normas, sino también de la solidez de las instituciones encargadas de aplicarlas.

En este contexto, la Corte Suprema ocupa un lugar central. No solo es la intérprete final de la Constitución, sino también árbitro en los conflictos de un país con una fuerte impronta federal. El magistrado destacó que, a diferencia de otros tribunales supremos, el argentino enfrenta una elevada carga de trabajo, con miles de causas anuales. Este dato no solo evidencia la alta demanda de resolución de conflictos, sino también la necesidad de fortalecer la coherencia del sistema.

Allí introdujo uno de los ejes centrales de su intervención: el acatamiento de los fallos de la Corte. Según explicó, cuando los criterios del máximo tribunal no son seguidos por instancias inferiores, se multiplican las intervenciones sobre causas similares. En este marco, sostuvo que una mayor uniformidad en la aplicación de sus decisiones contribuiría a fortalecer la coherencia y previsibilidad del sistema judicial.

En esta línea, el planteo de Rosatti dialoga con enfoques más amplios sobre el desarrollo. Desde organismos como Naciones Unidas se ha señalado que la fortaleza de las naciones no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino también por variables como la educación y la salud. El presidente de la Corte planteó la necesidad de incorporar otros factores vinculados a la calidad institucional y la certeza en las decisiones. En este sentido, destacó la importancia de la independencia del Poder Judicial y del acatamiento de los fallos del máximo tribunal.

En sintonía con esta perspectiva, distintos índices internacionales sobre Estado de derecho y calidad democrática incorporan variables vinculadas a la independencia judicial, el cumplimiento de las decisiones de los tribunales y el respeto por la división de poderes. El proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) incluye entre sus indicadores de Estado de derecho (Rule of Law) aspectos como la independencia de las cortes, el cumplimiento de sus fallos y la previsibilidad en la aplicación de las leyes.

El planteo de Rosatti reabre una discusión de fondo sobre el lugar del Poder Judicial en la arquitectura institucional argentina. En un escenario donde la previsibilidad es un insumo central para la toma de decisiones económicas, la seguridad jurídica no se limita a la existencia de normas, sino que depende de su aplicación consistente y del respeto a las decisiones judiciales. En este marco, la Corte Suprema no solo actúa como intérprete de la Constitución, sino como un actor clave en la construcción de condiciones de estabilidad. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto el sistema institucional argentino está en condiciones de sostener ese estándar de previsibilidad en el tiempo.

During the AmCham Summit 2026, Horacio Rosatti, President of the Supreme Court of Justice, maintained that legal certainty constitutes an indispensable condition for economic development and the attraction of investments. Within this framework, he affirmed that this concept is not always understood in the same way and remarked that it must be guaranteed both for the investor and the beneficiary.

Based on this premise, he structured his argument into two dimensions. On one hand, a regulatory dimension, linked to the rules of the game that affect economic activity, such as regulations, tax policy, tariffs, or the exchange rate. On the other hand, an institutional dimension, associated with the functioning of the republican system, the separation of powers, and the independence of the Judiciary.

In this scheme, Rosatti placed Justice in a transversal role. As he explained, it intervenes on both planes: on the regulatory front, by interpreting the rules and ruling on their constitutionality; and on the institutional front, by guaranteeing the balance of powers. In this way, he posited that legal certainty depends not only on the stability of regulations but also on the strength of the institutions responsible for applying them.

In this context, the Supreme Court occupies a central place. It is not only the final interpreter of the Constitution but also an arbiter in the conflicts of a country with a strong federal footprint. The magistrate highlighted that, unlike other supreme courts, the Argentine court faces a high workload, with thousands of cases annually. This piece of data not only evidences the high demand for conflict resolution but also the need to strengthen the coherence of the system.

There, he introduced one of the central axes of his speech: compliance with the Court's rulings. As he explained, when the criteria of the highest court are not followed by lower courts, interventions over similar cases multiply. Within this framework, he maintained that greater uniformity in the application of its decisions would contribute to strengthening the coherence and predictability of the judicial system.

In this line, Rosatti's approach dialogues with broader perspectives on development. Organizations such as the United Nations have pointed out that the strength of nations is not measured solely by their economic growth, but also by variables like education and health. The President of the Court raised the need to incorporate other factors linked to institutional quality and certainty in decisions. In this sense, he stressed the importance of the independence of the Judiciary and compliance with the highest court's rulings.

In tune with this perspective, various international indexes on the rule of law and democratic quality incorporate variables linked to judicial independence, compliance with court decisions, and respect for the separation of powers. The Varieties of Democracy (V-Dem) project includes among its Rule of Law indicators aspects such as court independence, compliance with their rulings, and predictability in the application of laws.

Rosatti's argument reopens a fundamental discussion about the place of the Judiciary in Argentina's institutional architecture. In a scenario where predictability is a central input for economic decision-making, legal certainty is not limited to the existence of rules, but depends on their consistent application and respect for judicial decisions. In this framework, the Supreme Court acts not only as an interpreter of the Constitution but as a key actor in building conditions for stability. The question that remains open is to what extent the Argentine institutional system is in a position to sustain that standard of predictability over time.