La paridad de género se ha convertido en un pilar fundamental de la agenda democrática contemporánea, promoviendo la igualdad de oportunidades y representación equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. A raíz de ello, Argentina tuvo el privilegio de ser el primer país del mundo en incorporar el sistema de cuotas mediante la sanción de la Ley 24.012 en 1991, que establece un piso mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales. En este contexto, las instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación de mujeres.

A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, las mujeres siguen representando un número menor en los puestos de decisión en todo el mundo. La falta de diversidad de género no solo es un problema de justicia social, sino también un obstáculo para el progreso económico y político.

Aunque el panorama nacional ha ido mejorando en los últimos años gracias a las luchas por la igualdad de género, aún quedan desafíos por afrontar. Al igual que en otros países de América Latina, persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad.

Según el Índice de Paridad Política de 2021, elaborado por PNUD Argentina, ONU Mujeres Argentina, IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, el Ministerio del Interior de la Nación y por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para un informe, se han obtenido resultados interesantes respecto al escenario de paridad política a nivel nacional. Es importante destacar que este Índice se compone de 8 órbitas de análisis:

1. Compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal,
2. Ejercicio del derecho al sufragio,
3. Cuota/paridad,
4. Poder ejecutivo y administración pública,
5. Poder legislativo,
6. Poder judicial y electoral,
7. Partidos políticos
8. Gobierno local.

Entre los principales hallazgos, el Índice demostró que en la Administración Pública Nacional se apreciaba un bajo porcentaje de mujeres ministras en el Gabinete Nacional (14%). En 2023 dicha cifra aumentó al 20% (Mapa “Mujeres en la política”, ONU Mujeres). A nivel mundial, el porcentaje posiciona a Argentina en el puesto 82º, compartido con la República Democrática del Congo, y en el puesto 26 de 39 países en América Latina y el Caribe(Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL).

Por su parte, la representación femenina para 2021 en la Corte Suprema de Justicia era de solo el 20%. Ello implica que de los 5 magistrados que integran el máximo órgano judicial nacional solo 1 era mujer. Dicha cuestión se vio agravada luego de que la ministra Elena Highton de Nolasco presentara su renuncia formal en 2023 y que las candidaturas presentadas para suplir dicho cargo fueran integradas totalmente por hombres.

En el ámbito del poder legislativo el panorama es más alentador, donde se evidenció que es el órgano que más se acercó a la paridad, con un 42% de mujeres en ambas Cámaras. Este número pone en relieve que el Congreso de la Nación posee una de las tasas más altas de representación femenina en el mundo y en la región (Detrás del número,Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

"En el ámbito del poder legislativo el panorama es más alentador, donde se evidenció que es el órgano que más se acercó a la paridad, con un 42% de mujeres en ambas Cámaras."

En un gráficorealizado por la Unión Interparlamentaria (IPU) en 2024 se plasma la proporción de mujeres que ocupan puestos en el parlamento nacional, entrando en la comparativa 33 países de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica y en donde Argentina ha sido posicionada 7º, siendo superada por Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua y Cuba y estando por encima del promedio de 35.8% participación en la región.

A medida que reflexionamos sobre los números de paridad de género en Argentina, es evidente que, aunque se han logrado avances significativos en la representación femenina en diversos ámbitos, aún queda un largo camino por recorrer.

En un informe sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la región se ha evidenciado que entre las estructuras institucionales, sociales y culturales que persisten y restringen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder se encuentran:

• La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, que asignan a las mujeres el rol de principales responsables del trabajo de cuidados y contribuyen a promover la concentración del poder y las relaciones jerárquicas de género.
• La violencia contra las mujeres por razón de género en la vida pública y política, que sigue estando muy presente en los países de la región y se expresa en forma de violencia hacia las mujeres líderes, periodistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.
• La cultura política y estrategias de los partidos políticos que todavía incorporan sólo minoritariamente la paridad como un principio rector.
• La limitada información sobre la diversidad de las personas que son electas o designadas para cargos de toma de decisiones, que no permite realizar análisis interseccionales que visibilicen las barreras adicionales a las que se enfrentan los distintos grupos de mujeres que cuentan con menos recursos, redes y tiempo disponible.

En un contexto aún alejado de la Agenda 50/50, Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de igualdad de género en la región. Sin embargo, para lograrlo, es necesario que todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil, trabajen juntos para derribar las barreras que aún persisten en la toma de decisiones.

Gender parity has become a fundamental pillar of the contemporary democratic agenda, promoting equal opportunities and equitable representation in all spheres of society. As a result, Argentina had the privilege of being the first country in the world to incorporate the quota system through the enactment of Law 24,012 in 1991, which establishes a minimum floor of 30% female candidates on political party lists for national elective offices. In this context, political institutions are beginning to advance in the incorporation of women.

Despite advances in the fight for gender equality, women continue to represent a smaller number in decision-making positions worldwide. The lack of gender diversity is not only a social justice issue but also an obstacle to economic and political progress.

Although the national landscape has improved in recent years thanks to struggles for gender equality, challenges still remain to be faced. As in other Latin American countries, gender inequalities persist that limit the full exercise of women's political rights and their autonomy in different spheres of society.

According to the 2021 Political Parity Index, prepared for a report by UNDP Argentina, UN Women Argentina, International IDEA for Latin America and the Caribbean, the Ministry of the Interior of the Nation, and the then Ministry of Women, Genders and Diversity, interesting results have been obtained regarding the political parity scenario at the national level. It is important to highlight that this Index is composed of 8 orbits of analysis:

• National commitments to equality in the Constitution and the legal framework,
• Exercise of the right to suffrage,
• Quota/parity,
• Executive branch and public administration,
• Legislative branch,
• Judicial and electoral branch,
• Political parties, and
• Local government.

Among the main findings, the Index showed that a low percentage of women ministers was observed in the National Cabinet within the National Public Administration (14%). In 2023, this figure increased to 20% ("Women in politics" Map, UN Women). Globally, this percentage places Argentina in 82nd place, shared with the Democratic Republic of the Congo, and in 26th place out of 39 countries in Latin America and the Caribbean (Gender Equality Observatory, ECLAC).

For its part, female representation in the Supreme Court of Justice stood at only 20% by 2021. This implies that out of the 5 justices making up the nation's highest judicial body, only 1 was a woman. This situation worsened after Justice Elena Highton de Nolasco presented her formal resignation in 2023 and the nominations submitted to fill that vacancy were composed entirely of men.

In the sphere of the legislative branch, the outlook is more encouraging, where it was evidenced to be the body closest to parity, with 42% of women in both Chambers. This number highlights that the National Congress possesses one of the highest rates of female representation in the world and the region (Detrás del número, Latin American Team for Justice and Gender).

"In the sphere of the legislative branch, the outlook is more encouraging, where it was evidenced to be the body closest to parity, with 42% of women in both Chambers."

A chart produced by the Inter-Parliamentary Union (IPU) in 2024 reflects the proportion of women holding seats in national parliaments, entering into a comparison of 33 countries from Latin America, the Caribbean, and the Iberian Peninsula, where Argentina has been positioned 7th, being surpassed by Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Mexico, Nicaragua, and Cuba, and standing above the average of 35.8% participation in the region.

As we reflect on the gender parity numbers in Argentina, it is evident that, although significant progress has been achieved in female representation across various fields, a long road still lies ahead.

In a report on women's participation in decision-making in the region, it has been shown that among the institutional, social, and cultural structures that persist and restrict women's access to the exercise of power are:

• The sexual division of labor and the social organization of care, which assign to women the role of primary caretakers and contribute to promoting the concentration of power and hierarchical gender relations.
• Gender-based violence against women in public and political life, which remains highly present in the region's countries and is expressed in the form of violence toward women leaders, journalists, and human rights defenders, among others.
• The political culture and strategies of political parties which still incorporate parity as a guiding principle only in minority terms.
• Limited information on the diversity of individuals elected or appointed to decision-making positions, which prevents intersectional analyses that could make visible the additional barriers faced by different groups of women who possess fewer resources, networks, and available time.

In a context that is still far from the 50/50 Agenda, Argentina has the opportunity to become a model of gender equality in the region. However, to achieve this, it is necessary for all involved actors, from the government to civil society, to work together to dismantle the barriers that still persist in decision-making.