El avance autoritario de Orbán y la respuesta LGBTQ+ en Hungría
Orbán's authoritarian advance and the LGBTQ+ response in Hungary
En los últimos años, Hungría se ha consolidado como uno de los casos más representativos del retroceso democrático en Europa. Bajo el liderazgo de Viktor Orbán, el gobierno ha impulsado políticas que restringen los derechos de la comunidad LGBTQ+, como parte de una estrategia más amplia de control político y exclusión social. Frente a este avance autoritario, la Marcha del Orgullo de 2025 en Budapest emergió como una manifestación masiva de resistencia y defensa activa de los principios democráticos.
In recent years, Hungary has established itself as one of the most representative cases of democratic backsliding in Europe. Under the leadership of Viktor Orbán, the government has pushed for policies that restrict the rights of the LGBTQ+ community as part of a broader strategy of political control and social exclusion. Facing this authoritarian advance, the 2025 Pride March in Budapest emerged as a massive demonstration of resistance and active defense of democratic principles.
Bajo la dirección del primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz, en el poder desde 2010, el gobierno húngaro ha implementado políticas que han debilitado instituciones democráticas fundamentales. Particularmente, durante los últimos años, el oficialismo ha promovido un conjunto de leyes y normativas que restringen gravemente los derechos de la comunidad LGBTQ+. Estas disposiciones, si bien instauraron un clima de miedo, han enfrentado una resistencia significativa por parte de la población. Esta tensión culminó en la marcha del Orgullo más multitudinaria en la historia del país, realizada el último 28 de junio en Budapest.
Ofensiva legislativa
En 2021, el parlamento húngaro aprobó una ley que, bajo el argumento de proteger los derechos de la niñez, prohíbe la difusión en las escuelas de contenidos que “promuevan” la homosexualidad y la reasignación de género. A su vez, restringe representaciones LGBTQ+ en medios destinados a menores. La norma fue respaldada por una abrumadora mayoría parlamentaria (157 votos a favor y uno en contra), y recibió duras críticas tanto de la Unión Europea (UE) como de organizaciones de derechos humanos. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Tamara Ćapeta, declaró que esta ley socava los valores fundamentales de la UE: la igualdad, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Numerosos activistas sostienen, además, que la medida refuerza estereotipos negativos y limita la libertad de expresión. En este sentido, varias organizaciones de derechos humanos la han comparado con la legislación rusa del 2013 que prohíbe la denominada “propaganda gay”, la cual exacerbó la hostilidad hacia las personas LGBTQ+.
En línea con esa legislación, el gobierno de Orbán ha impulsado otras medidas que han profundizado el retroceso en materia de derechos LGBTQ+. Entre ellas se destacan la prohibición legal del cambio de género y el endurecimiento de las regulaciones relativas a la adopción por parte de parejas del mismo género. En marzo de este año, se aprobó una reforma a la Ley sobre el Derecho de Reunión, prohibiendo las reuniones que “promuevan” la reasignacion de género o la homosexualidad. Esta normativa impide la organización de marchas y actos pacíficos en apoyo al colectivo. Además, habilita sanciones económicas y el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a las personas que participen. En este marco, numerosos activistas consideran que el oficialismo húngaro busca eliminar a las personas LGBTQ+ del discurso público, erosionando tanto el derecho a la protesta como la libertad de expresión.
La Marcha del Orgullo histórica
En ese contexto adverso, el pasado 28 de junio la sociedad civil húngara llevó a cabo la Marcha del Orgullo en Budapest. En los días previos al evento, los organizadores enfrentaron amenazas, presiones políticas y prohibiciones policiales. Para evitar la prohibición de la manifestación, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, anunció que la Marcha del Orgullo se celebraría como un evento municipal. El municipio no está sujeto a la ley de reunión, por lo cual esta estrategia permitió sortear la restricción. La respuesta del gobierno fue extrema: Karácsony fue amenazado con prisión por parte de la ministra de Justicia.
Lejos de disuadir o silenciar, los ataques de las autoridades incentivaron una participación sin precedentes. Se estima que unas 200.000 personas marcharon tras la prohibición oficial, convirtiéndola en la mayor manifestación por los derechos LGBTQ+ en la historia del país. Participaron personas de distintas edades y procedencias, unidas en la exigencia de igualdad, respeto y fin de la discriminación. Este evento no solo otorgó visibilidad a la comunidad LGBTQ+, sino que también evidenció su disposición a defender sus derechos y los valores democráticos. De este modo, algunos analistas consideran que esta manifestación fue más que una celebración: fue una postura clara y valiente en defensa de la democracia, la dignidad y el Estado de derecho.
Un país en tensión
La situación actual en Hungría muestra una alarmante trayectoria autoritaria bajo el gobierno de Viktor Orbán. Las leyes anti-LGBTQ+, como la prohibición de la "promoción" de la homosexualidad en escuelas y las recientes restricciones a la libertad de reunión, no son incidentes aislados. Estos forman parte de una estrategia política deliberada para restringir derechos civiles y redefinir la identidad nacional bajo valores conservadores, marginando a las minorías y debilitando los principios democráticos fundamentales.
Frente a este panorama, la Marcha del Orgullo del 28 de junio en Budapest, que reunió a 200.000 personas, fue un acto de resistencia colectiva y una toma de posición frente al avance autoritario. Este evento no solo simbolizó una lucha por los derechos LGBTQ+, sino también un compromiso más amplio con la defensa de la democracia, la libertad y la tolerancia en el país. De cara a las elecciones parlamentarias de 2026, la polarización generada por estas políticas y la creciente movilización ciudadana serán factores determinantes en el futuro democrático de Hungría.
Under the leadership of Prime Minister Viktor Orbán and his Fidesz party, in power since 2010, the Hungarian government has implemented policies that have weakened fundamental democratic institutions. Particularly, during recent years, the ruling party has promoted a set of laws and regulations that severely restrict the rights of the LGBTQ+ community. Although these provisions instilled a climate of fear, they have faced significant resistance from the population. This tension culminated in the most massive Pride march in the country’s history, held on June 28th in Budapest.
Legislative offensive
In 2021, the Hungarian parliament passed a law that, under the argument of protecting children's rights, prohibits the dissemination in schools of content that “promotes” homosexuality and gender reassignment. Furthermore, it restricts LGBTQ+ representations in media aimed at minors. The norm was backed by an overwhelming parliamentary majority (157 votes in favor and one against) and received harsh criticism from both the European Union (EU) and human rights organizations. The Advocate General of the EU Court of Justice, Tamara Ćapeta, stated that this law undermines the fundamental values of the EU: equality, human dignity, and respect for human rights. Numerous activists also maintain that the measure reinforces negative stereotypes and limits freedom of expression. In this sense, several human rights organizations have compared it to the 2013 Russian legislation prohibiting so-called “gay propaganda,” which exacerbated hostility toward LGBTQ+ individuals.
In line with that legislation, Orbán's government has promoted other measures that have deepened the backsliding regarding LGBTQ+ rights. Among them are the legal prohibition of gender change and the tightening of regulations regarding adoption by same-sex couples. In March of this year, a reform to the Law on the Right of Assembly was passed, prohibiting meetings that “promote” gender reassignment or homosexuality. This regulation prevents the organization of marches and peaceful acts in support of the community. In addition, it enables economic sanctions and the use of facial recognition technology to identify participating individuals. Within this framework, numerous activists consider that the Hungarian ruling party seeks to eliminate LGBTQ+ people from public discourse, eroding both the right to protest and freedom of expression.
The historic Pride March
In that adverse context, on June 28th, Hungarian civil society carried out the Pride March in Budapest. In the days leading up to the event, organizers faced threats, political pressure, and police bans. To avoid the banning of the demonstration, the mayor of Budapest, Gergely Karácsony, announced that the Pride March would be held as a municipal event. The municipality is not subject to the assembly law, so this strategy made it possible to bypass the restriction. The government's response was extreme: Karácsony was threatened with imprisonment by the Minister of Justice.
Far from deterring or silencing, the authorities' attacks encouraged unprecedented participation. It is estimated that some 200,000 people marched after the official ban, making it the largest demonstration for LGBTQ+ rights in the country's history. People of different ages and backgrounds participated, united in the demand for equality, respect, and an end to discrimination. This event not only gave visibility to the LGBTQ+ community but also evidenced its willingness to defend its rights and democratic values. Thus, some analysts consider that this demonstration was more than a celebration: it was a clear and courageous stance in defense of democracy, dignity, and the rule of law.
A country in tension
The current situation in Hungary shows an alarming authoritarian trajectory under Viktor Orbán's government. Anti-LGBTQ+ laws, such as the prohibition of the "promotion" of homosexuality in schools and the recent restrictions on freedom of assembly, are not isolated incidents. These are part of a deliberate political strategy to restrict civil rights and redefine national identity under conservative values, marginalizing minorities and weakening fundamental democratic principles.
Faced with this panorama, the June 28th Pride March in Budapest, which brought together 200,000 people, was an act of collective resistance and a taking of position against the authoritarian advance. This event not only symbolized a fight for LGBTQ+ rights but also a broader commitment to the defense of democracy, freedom, and tolerance in the country. Looking ahead to the 2026 parliamentary elections, the polarization generated by these policies and the growing citizen mobilization will be determining factors in Hungary's democratic future.
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