El Salvador y el dilema de la seguridad
El Salvador and the security dilemma
En los últimos años, El Salvador ha captado la atención internacional por la radical transformación de su política de seguridad. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país ha pasado de ser uno de los más violentos del mundo a exhibir cifras históricas de reducción del crimen. Sin embargo, este giro ha venido acompañado de un endurecimiento que ha despertado serias preocupaciones. Para comprender y discutir este fenómeno en toda su complejidad, es necesario revisar el contexto previo, las medidas actuales y sus implicancias en el plano internacional.
In recent years, El Salvador has captured international attention due to the radical transformation of its security policy. Under the leadership of President Nayib Bukele, the country has gone from being one of the most violent in the world to exhibiting historic figures of crime reduction. However, this turn has been accompanied by a hardening that has sparked serious concerns. To understand and discuss this phenomenon in all its complexity, it is necessary to review the previous context, current measures, and their implications on the international stage.
Antes de Bukele: violencia, control territorial y fracaso institucional
Durante décadas, El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 llegaron a tener control territorial efectivo sobre comunidades enteras. Extorsionaban a comerciantes, disputaban barrios violentamente y reclutaban jóvenes en contextos de marginalidad. Frente a este fenómeno, las instituciones estatales, debilitadas por la corrupción y la falta de recursos, no lograban responder de manera eficaz. A pesar de los intentos de gobiernos anteriores para diseñar e implementar planes de seguridad, los niveles de homicidios y criminalidad se mantuvieron altos, lo que generó una sensación de abandono entre la ciudadanía.
La combinación de impunidad estructural, pobreza y exclusión social fue caldo de cultivo para que el crimen organizado se arraigara profundamente en la vida cotidiana. Las políticas de “mano dura” ensayadas desde principios de los 2000 no sólo no resolvieron el problema, sino que provocaron un endurecimiento de las pandillas, que se organizaron con mayor sofisticación.
En ese contexto, el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia en 2019 supuso una ruptura con los enfoques tradicionales. Con un discurso directo y confrontativo, prometió devolver el control del país al Estado y erradicar a las pandillas prácticamente por completo. Su estrategia de seguridad no tardó en ganar apoyo popular, especialmente entre quienes sentían que las instituciones democráticas habían fracasado en su misión de garantizar el derecho más básico: la vida.
El régimen de excepción
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha sido renovado mes a mes por la Asamblea Legislativa. Esta medida permite a las autoridades detener a personas sin orden judicial, limitar el derecho a la defensa y restringir la libertad de asociación y de expresión. Según datos del propio gobierno, más de 78.000 personas han sido detenidas bajo este régimen hasta mayo de 2025.
Diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que muchas de estas detenciones son arbitrarias, afectando especialmente a jóvenes de zonas marginales. La falta de mecanismos efectivos para revisar los casos ha llevado a que personas inocentes permanezcan encarceladas por meses o incluso a que se reporten muertes bajo custodia. A pesar de estas críticas, el gobierno insiste en que se trata de una medida temporal necesaria para desarticular a las pandillas.
CECOT: la mega cárcel símbolo de la política de seguridad
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en enero de 2023, está ubicado en una zona rural del municipio de Tecoluca. Es considerado una de las prisiones más grandes de América Latina y fue diseñado para albergar hasta 40.000 reclusos. Las imágenes oficiales muestran una infraestructura moderna con estrictos sistemas de vigilancia, pero también celdas superpobladas, reclusos sin camisetas ni zapatos, y condiciones que han sido calificadas como “inhumanas” por observadores internacionales.
El gobierno ha promovido el CECOT como un éxito en la lucha contra el crimen, presentándolo como una advertencia para quienes cometan delitos. Sin embargo, no existen datos claros sobre la cantidad de condenas judiciales frente al total de detenidos, lo que genera preocupación sobre la falta de garantías procesales. Expertos han advertido que la prisión se ha convertido en un instrumento de disuasión masiva que desborda los límites del Estado de derecho.
Deportaciones y detenciones
En 2025, Estados Unidos intensificó las deportaciones de personas a El Salvador, incluyendo ciudadanos venezolanos que habían ingresado legalmente a territorio estadounidense. Algunos de estos deportados fueron enviados directamente al CECOT, sin un proceso judicial que determinara su responsabilidad penal. Según informes de prensa, las detenciones se basaron en criterios como tatuajes, publicaciones en redes sociales o simples denuncias anónimas.
Este tipo de procedimientos ha sido criticado por expertos legales como una violación del principio de presunción de inocencia y del derecho al debido proceso. A nivel internacional, estas prácticas recuerdan a las aplicadas en la prisión de Guantánamo, donde personas sospechosas de terrorismo fueron detenidas sin cargos ni juicio. La reactivación de leyes antiguas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en EE.UU. ha encendido las alarmas entre juristas y defensores de derechos humanos.
Comparaciones con Guantánamo: ¿una advertencia válida?
La comparación entre el CECOT y Guantánamo no se limita a las condiciones carcelarias, sino también a la lógica política que las sustenta: la creencia de que ciertos enemigos del Estado no merecen las mismas garantías que los demás ciudadanos. En ambos casos, las detenciones masivas y sin juicio se justifican por una supuesta amenaza existencial al orden interno.
Varios analistas han señalado que, si bien El Salvador no enfrenta un conflicto armado ni una guerra contra el terrorismo, el gobierno ha adoptado un discurso bélico que facilita la concentración de poder y la excepcionalidad permanente. Esto ha sido señalado como un posible precedente peligroso para otros gobiernos de la región que busquen replicar el "modelo Bukele”.
Reacciones internacionales y preocupaciones democráticas
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y diversas ONGs han emitido comunicados y reportes en los que alertan sobre el deterioro del Estado de derecho en El Salvador. La aprobación de leyes que restringen la libertad de prensa, la transparencia institucional y la actividad de organizaciones civiles ha sido interpretada como una estrategia de cierre del espacio cívico.
Asimismo, se ha denunciado el uso de inteligencia artificial para monitorear conversaciones privadas, así como el uso excesivo de la fuerza en redadas y operativos policiales. La comunidad internacional se enfrenta al dilema de cómo reaccionar ante un régimen que muestra éxitos estadísticos en reducción del crimen, pero que lo hace a costa de principios fundamentales del orden jurídico internacional.
El caso salvadoreño representa uno de los ejemplos más extremos de la tensión entre seguridad y derechos humanos en el siglo XXI. Mientras sectores de la población celebran la reducción de homicidios y la recuperación del control territorial, otros alertan sobre la consolidación de un modelo autoritario que podría replicarse en otros países. Lejos de ser un fenómeno local, la experiencia salvadoreña debe ser analizada en su complejidad y con mirada crítica: ¿estamos ante un nuevo paradigma de gobernabilidad autoritaria en América Latina?
Before Bukele: violence, territorial control, and institutional failure
For decades, El Salvador was one of the most violent countries in the world. Gangs such as MS-13 and Barrio 18 came to have effective territorial control over entire communities. They extorted merchants, violently disputed neighborhoods, and recruited youth in contexts of marginalization. Faced with this phenomenon, state institutions, weakened by corruption and a lack of resources, were unable to respond effectively. Despite attempts by previous governments to design and implement security plans, homicide and crime levels remained high, which generated a sense of abandonment among the citizenry.
The combination of structural impunity, poverty, and social exclusion was a breeding ground for organized crime to take deep root in daily life. The "iron fist" (mano dura) policies attempted since the early 2000s not only failed to solve the problem, but caused the gangs to harden, as they organized with greater sophistication.
In that context, Nayib Bukele's rise to the presidency in 2019 represented a break with traditional approaches. With a direct and confrontational discourse, he promised to return control of the country to the State and eradicate the gangs almost completely. His security strategy did not take long to gain popular support, especially among those who felt that democratic institutions had failed in their mission to guarantee the most basic right: life.
The state of exception
Since March 2022, El Salvador has been under a state of exception that has been renewed month by month by the Legislative Assembly. This measure allows authorities to detain people without a judicial warrant, limit the right to a defense, and restrict the freedom of association and expression. According to government data, more than 78,000 people have been detained under this regime as of May 2025.
Various international organizations, such as Human Rights Watch and Amnesty International, have denounced that many of these detentions are arbitrary, especially affecting youth from marginalized areas. The lack of effective mechanisms to review cases has led to innocent people remaining incarcerated for months or even to reports of deaths in custody. Despite these criticisms, the government insists that it is a necessary temporary measure to dismantle the gangs.
CECOT: the mega-prison symbol of security policy
The Terrorism Confinement Center (CECOT), inaugurated in January 2023, is located in a rural area of the municipality of Tecoluca. It is considered one of the largest prisons in Latin America and was designed to house up to 40,000 inmates. Official images show modern infrastructure with strict surveillance systems, but also overcrowded cells, inmates without shirts or shoes, and conditions that have been described as "inhumane" by international observers.
The government has promoted CECOT as a success in the fight against crime, presenting it as a warning for those who commit crimes. However, there is no clear data on the number of judicial convictions versus the total number of detainees, which raises concern about the lack of procedural guarantees. Experts have warned that the prison has become an instrument of mass deterrence that exceeds the limits of the rule of law.
Deportations and detentions
In 2025, the United States intensified the deportation of people to El Salvador, including Venezuelan citizens who had legally entered U.S. territory. Some of these deportees were sent directly to CECOT, without a judicial process to determine their criminal liability. According to press reports, the detentions were based on criteria such as tattoos, social media posts, or simple anonymous tips.
This type of procedure has been criticized by legal experts as a violation of the principle of the presumption of innocence and the right to due process. Internationally, these practices are reminiscent of those applied at the Guantanamo prison, where people suspected of terrorism were detained without charges or trial. The reactivation of old laws such as the Alien Enemies Act of 1798 in the U.S. has sounded alarms among jurists and human rights defenders.
Comparisons with Guantanamo: a valid warning?
The comparison between CECOT and Guantanamo is not limited to prison conditions, but also to the political logic that sustains them: the belief that certain enemies of the State do not deserve the same guarantees as other citizens. In both cases, mass detentions without trial are justified by a supposed existential threat to internal order.
Several analysts have noted that, although El Salvador is not facing an armed conflict or a war on terror, the government has adopted a warlike discourse that facilitates the concentration of power and permanent exceptionality. This has been pointed out as a possible dangerous precedent for other governments in the region that seek to replicate the "Bukele model."
International reactions and democratic concerns
Organizations such as the Inter-American Commission on Human Rights, the United Nations, and various NGOs have issued statements and reports alerting about the deterioration of the rule of law in El Salvador. The approval of laws restricting freedom of the press, institutional transparency, and the activity of civil organizations has been interpreted as a strategy to close civic space.
Likewise, the use of artificial intelligence to monitor private conversations has been denounced, as well as the excessive use of force in raids and police operations. The international community faces the dilemma of how to react to a regime that shows statistical successes in crime reduction but does so at the cost of fundamental principles of international legal order.
The Salvadoran case represents one of the most extreme examples of the tension between security and human rights in the 21st century. While sectors of the population celebrate the reduction in homicides and the recovery of territorial control, others warn about the consolidation of an authoritarian model that could be replicated in other countries. Far from being a local phenomenon, the Salvadoran experience must be analyzed in its complexity and with a critical eye: are we witnessing a new paradigm of authoritarian governance in Latin America?
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