El nivel de participación en las elecciones argentinas de este año encendió las alarmas de múltiples analistas. Sin embargo, ¿efectivamente se votó menos que en elecciones anteriores? ¿Esto está sucediendo solo en Argentina o se condice con un fenómeno regional? ¿Cómo varían a lo largo de América Latina los niveles de participación electoral? ¿Existe relación entre las multas por omisión del voto y el nivel de participación?

El 26 de octubre del 2025 la ciudadanía argentina fue a las urnas: sin embargo, estuvo lejos de poseer una asistencia perfecta. La Dirección Nacional Electoral revela que, frente a un promedio histórico de un 79% de participación electoral, en las últimas elecciones tan solo 68,85% del padrón electoral cumplió con su deber ciudadano. Esta baja de más de diez puntos porcentuales en la participación forma parte de un descenso generalizado que sucede en el país desde la vuelta de la democracia, escalonado pero profundizado en el último escrutinio electoral. Es un dato relevante, principalmente porque evidencia un riesgo actual para la democracia: el distanciamiento de la sociedad civil de la esfera política.

Mientras la política se aleja de la sociedad civil, la sociedad civil deja de participar políticamente. Este fenómeno, que no sucede únicamente en la Argentina, enciende alarmas porque implica la renuncia ciudadana del principio fundamental de su sistema político. Vivir en democracia implica ceder a otra persona la facultad de tomar decisiones, es decir, votar a personas para que representen a la ciudadanía y tomen decisiones por ella. Pero, ¿qué pasa cuando son cada vez menos quienes ceden esa facultad? En Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio: tenemos el derecho a votar, pero también la obligación de hacerlo. En el caso de omitir el voto, les habitantes de la Argentina tienen una penalización de la “inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a no ser que el infractor pague una multa de entre $50 a $500, el equivalente a 0,035 hasta 0,35 dólares estadounidenses (US$) al día de hoy, un valor simbólico frente a una infracción poco insignificante.

Frente a sus pares en la región, la obligatoriedad del voto es la norma en América del Sur: Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile, cuentan con un sistema de voto obligatorio. No obstante, tienen peculiaridades que los distinguen entre sí.

De este cuadro se puede realizar una jerarquización de países con mayores multas a países con menores multas, ranking que sería encabezado por Bolivia, con una multa de casi ochenta dólares estadounidenses frente a la omisión del voto. Además, la sanción no se limita a una multa económica sino también a la imposición de restricciones administrativas. En segundo lugar se encontraría Chile, país que incluyó la obligatoriedad del voto en el 2022 e incluyó un sistema de multas en el presente año. Dicha multa ronda entre los treinta y siete a más de cien dólares estadounidenses, valor definido ex-post por un Juzgado de Policía Local correspondiente. En tercer lugar se encontraría Uruguay, con una multa de cuarenta y cuatro dólares estadounidenses, valor que se multiplicaría en caso de que el infractor fuera funcionario público o profesional con título universitario. En cuarto lugar se encuentra Paraguay, con una multa de catorce dólares, sin embargo, dicha sanción no posee obligación de pago por lo que la omisión de pago no implica ni retención de trámites ni prohibiciones automáticas. En anteúltimo lugar de este ranking se encuentra Brasil, con una multa frente a la omisión de voto de 0,66 dólares estadounidenses, valor que depende del salario mínimo nacional vigente al momento de la elección, ya que el reglamento del Tribunal Superior Electoral fija un porcentaje. En el último lugar se encuentra Argentina, con una multa de entre 0,035 a 0,35 dólares estadounidenses, donde el monto es definido por la cantidad de infracciones acumuladas: a más infracciones, mayor es la multa.

Ahora bien, ¿el valor de la multa tiene algún poder disuasivo? ¿Es posible afirmar que a mayor multa mayor compromiso y participación electoral? Respondido rápidamente: no. El país con una mayor multa tiene una participación electoral histórica del 84,04% y una participación electoral del 86,95% en sus últimas elecciones. De todas maneras, el país que ocupa el anteúltimo lugar en el ranking tiene una participación electoral histórica del 79,46% y dicha participación se mantiene casi estática en sus últimas elecciones. Por lo tanto, es posible afirmar que no existe una relación directa entre el valor de la multa y la participación electoral.

Más aún, se puede concluir que Argentina destaca por dos motivos: el primero sería la multa más baja por omisión del voto en la región, pero el segundo y más alarmante es la baja más marcada en participación electoral en el Cono Sur.

¿Por qué los argentinos optan por no ir a las urnas? Esta es una pregunta que sigue presente, sin embargo, es posible afirmar que la participación no se relaciona con las sanciones económicas. El análisis anterior evidencia que la participación electoral es un fenómeno independiente de las penalizaciones a las que puede ser sujeto un ciudadano que opta por no participar de los comicios electorales.

La ciudadanía argentina está votando menos, y es un dato a tener en cuenta, resta ver cómo el sistema político absorbe la realidad argentina y se adapta a este escenario de alta apatía política. ¿Cómo se puede incentivar que aumente la participación electoral? ¿Cuál es la solución frente al absentismo electoral? La política argentina debe poner el foco en esta cuestión vital para el correcto funcionamiento de la democracia.

The level of participation in Argentine elections this year raised alarms among multiple analysts. However, did people actually vote less than in previous elections? Is this happening only in Argentina or is it consistent with a regional phenomenon? How do electoral participation levels vary across Latin America? Is there a relationship between fines for non-voting and the level of participation?

On October 26, 2025, the Argentine electorate went to the polls; however, it was far from a perfect attendance. The National Electoral Directorate reveals that, compared to a historical average of 79% electoral participation, in the last elections only 68.85% of the electoral roll fulfilled their civic duty. This drop of more than ten percentage points in participation is part of a generalized decline that has been occurring in the country since the return to democracy—step-by-step but deepened in the latest ballot count. It is a relevant piece of data, primarily because it evidences a current risk to democracy: the detachment of civil society from the political sphere.

While politics moves away from civil society, civil society stops participating politically. This phenomenon, which does not happen only in Argentina, raises alarms because it implies the citizen's renunciation of the fundamental principle of their political system. Living in a democracy implies ceding to another person the power to make decisions—that is, voting for people to represent the citizenry and make decisions on their behalf. But what happens when fewer and fewer people cede that power? In Argentina, voting is universal, secret, and mandatory: we have the right to vote, but also the obligation to do so. In the case of omitting one's vote, inhabitants of Argentina face a penalty of "disqualification from carrying out procedures for a period of one year in national, provincial, and Autonomous City of Buenos Aires agencies" unless the offender pays a fine of between $50 and 500, the equivalent of 0.035 to 0.35 US dollars (US) today—a symbolic value for a far from insignificant infraction.

Compared to their peers in the region, mandatory voting is the norm in South America: Uruguay, Brazil, Bolivia, Peru, and Chile all have a mandatory voting system. However, they have peculiarities that distinguish them from one another.

From this framework, a ranking of countries from highest fines to lowest fines can be made, a ranking that would be headed by Bolivia, with a fine of nearly eighty US dollars for omitting the vote. Furthermore, the sanction is not limited to an economic fine but also includes the imposition of administrative restrictions. In second place would be Chile, a country that reinstated mandatory voting in 2022 and added a system of fines this year. This fine ranges from thirty-seven to more than one hundred US dollars, a value defined ex-post by the corresponding Local Police Court. In third place would be Uruguay, with a fine of forty-four US dollars, a value that multiplies if the offender is a public official or a professional with a university degree. In fourth place is Paraguay, with a fine of fourteen dollars; however, this sanction carries no enforcement mechanism for payment, so non-payment does not imply either a hold on administrative procedures or automatic prohibitions. In second-to-last place in this ranking is Brazil, with a fine for omitting the vote of 0.66 US dollars, a value that depends on the national minimum wage in force at the time of the election, as the Superior Electoral Court regulation sets a specific percentage. In last place is Argentina, with a fine of between 0.035 and 0.35 US dollars, where the amount is defined by the number of accumulated infractions: the more infractions, the higher the fine.

Now, does the value of the fine have any deterrent power? Is it possible to assert that a higher fine leads to greater commitment and electoral participation? Answered quickly: no. The country with the highest fine has a historical electoral participation of 84.04% and an electoral participation of 86.95% in its last elections. However, the country in second-to-last place in the ranking has a historical electoral participation of 79.46%, and this participation remains almost static in its last elections. Therefore, it is possible to affirm that there is no direct relationship between the value of the fine and electoral participation.

Furthermore, it can be concluded that Argentina stands out for two reasons: the first is having the lowest fine for failing to vote in the region, but the second and more alarming is experiencing the most marked drop in electoral participation in the Southern Cone.

Why are Argentines choosing not to go to the polls? This question remains open; however, it is possible to affirm that participation is not related to economic sanctions. The previous analysis evidences that electoral participation is a phenomenon independent of the penalties to which a citizen who chooses not to participate in the elections may be subject.

The Argentine citizenry is voting less, and this is a fact to keep in mind; it remains to be seen how the political system absorbs this reality and adapts to a scenario of high political apathy. How can an increase in electoral participation be incentivized? What is the solution to voter absenteeism? Argentine politics must place its focus on this vital issue for the proper functioning of democracy.