Un nuevo modelo para financiar la obra pública: la triple "P"

La deuda que el Estado Nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires en temas de infraestructura y programas de apoyo asciende a unos 6,3 billones de pesos. Este monto se distribuye en varios componentes principales. En primer lugar, las obligaciones financieras directas representan una deuda de 1,7 billones de pesos, que incluyen las transferencias de ANSES a la caja provincial, por un total de 716 mil millones de pesos, y otros fondos destinados al fortalecimiento y asistencia financiera de la provincia.

Además, el rubro de obras públicas comprometidas acumula una deuda de 4,4 billones de pesos. Dentro de este rubro, se destacan 180 obras públicas ejecutadas por la Nación en la provincia que quedaron inconclusas y representan una deuda de 2,3 billones de pesos. A esto se suman los convenios firmados con municipios y universidades, que acumulan más de 653 mil millones de pesos, y el Programa Procrear, junto a otros programas de vivienda, que adeudan aproximadamente 1,2 billones de pesos en total.

Estos montos reflejan la gravedad de una deuda que limita el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios en una de las provincias más productivas y pobladas del país.

Es por esta razón es que se vuelve fundamental encontrar nuevas formas de financiar proyectos de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires. El modelo "a la chilena" que propone Javier Milei podría ofrecer una solución parcial a la problemática de deuda en infraestructura que enfrenta la Provincia de Buenos Aires, pero existen consideraciones importantes.

Este modelo, que se basa en una Participación Público-Privada (PPP), permite que el Estado delegue a empresas privadas la construcción de infraestructuras clave a cambio de una concesión para explotar económicamente esas obras. En Chile, por ejemplo, esta modalidad permitió desarrollar autopistas, aeropuertos y hasta cárceles, liberando al Estado de asumir directamente los costos de construcción.

Ventajas para Buenos Aires

La adopción de un modelo “PPP” podría aliviar a la Provincia del peso de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con ella en temas de infraestructura. Con el apoyo de inversiones privadas, proyectos de gran envergadura, como la finalización de obras públicas paralizadas, podrían reactivarse sin que el Estado provincial necesite financiar directamente su construcción. Esto permitiría priorizar el gasto provincial en otras áreas críticas y acelerar el progreso de las obras en una región de alta necesidad de infraestructura.

Riesgos y Limitaciones

A pesar de los beneficios, la experiencia chilena señala varios desafíos. La discrecionalidad en la selección de proyectos es una preocupación, ya que el modelo favorece obras que resulten rentables para el sector privado, como autopistas con peajes, dejando de lado proyectos sociales o de alta necesidad pero baja rentabilidad, como escuelas y hospitales en áreas menos urbanizadas. Esto podría resultar en una menor cobertura de obras en zonas desfavorecidas, afectando directamente la equidad en el desarrollo regional.

Además, la experiencia chilena ha mostrado un incremento en el costo de uso de estas infraestructuras para los ciudadanos, ya que las empresas pueden ajustar las tarifas para recuperar su inversión y obtener ganancias. En un contexto como el de Buenos Aires, con alta vulnerabilidad social, esto podría llevar a una mayor carga económica para sus residentes.

¿Solución?

Para evitar la discrecionalidad en la selección de proyectos, el Estado podría priorizar obras de alta necesidad pública y exigir que el sector privado complete un porcentaje de proyectos sociales en áreas vulnerables. También sería útil establecer límites de tarifas para evitar costos excesivos, regulando la rentabilidad y aplicando subsidios cruzados para que obras más rentables, como autopistas, financien otras de impacto social.

El Estado debe mantener un rol de control en la ejecución y el mantenimiento de los proyectos mediante una unidad de monitoreo de PPP que supervise el cumplimiento y permita renegociar términos desfavorables. Además, incluir cláusulas de revisión en los contratos protegería a los usuarios de aumentos excesivos y asegurarían rentabilidad justa para los inversores. En conjunto, estas medidas permitirían un modelo de infraestructura más equitativo y accesible para la Provincia de Buenos Aires.

A New Model to Finance Public Works: The Triple "P"

The debt that the National State holds with the Province of Buenos Aires regarding infrastructure and support programs amounts to approximately 6.3 trillion pesos. This amount is distributed across several main components. First, direct financial obligations represent a debt of 1.7 trillion pesos, which includes ANSES transfers to the provincial fund totaling 716 billion pesos, and other funds intended for the strengthening and financial assistance of the province.

Furthermore, the category of committed public works accumulates a debt of 4.4 trillion pesos. Within this category, 180 public works executed by the Nation in the province that remain unfinished stand out, representing a debt of 2.3 trillion pesos. Added to this are the agreements signed with municipalities and universities, which accumulate more than 653 billion pesos, and the Procrear Program, along with other housing programs, which owe approximately 1.2 trillion pesos in total.

These amounts reflect the severity of a debt that limits infrastructure development and the provision of services in one of the most productive and populated provinces in the country.

For this reason, it becomes fundamental to find new ways to finance infrastructure projects in the Province of Buenos Aires. The "Chilean-style" model proposed by Javier Milei could offer a partial solution to the infrastructure debt problem facing the Province of Buenos Aires, but there are important considerations.

This model, which is based on Public-Private Partnerships (PPP), allows the State to delegate the construction of key infrastructure to private companies in exchange for a concession to economically exploit those works. In Chile, for example, this modality allowed for the development of highways, airports, and even prisons, freeing the State from directly assuming construction costs.

Advantages for Buenos Aires

The adoption of a "PPP" model could relieve the Province from the burden of the debt that the National Government holds with it regarding infrastructure. With the support of private investments, large-scale projects, such as the completion of stalled public works, could be reactivated without the provincial State needing to directly finance their construction. This would allow prioritizing provincial spending in other critical areas and accelerating the progress of works in a region with high infrastructure needs.

Risks and Limitations

Despite the benefits, the Chilean experience points out several challenges. Discretion in project selection is a concern, as the model favors works that are profitable for the private sector, such as toll highways, leaving aside social or high-necessity but low-profitability projects, such as schools and hospitals in less urbanized areas. This could result in lower project coverage in disadvantaged areas, directly affecting equity in regional development.

In addition, the Chilean experience has shown an increase in the cost of using these infrastructures for citizens, as companies can adjust rates to recover their investment and turn a profit. In a context like that of Buenos Aires, with high social vulnerability, this could lead to a greater economic burden for its residents.

Solution?

To avoid discretion in project selection, the State could prioritize projects of high public necessity and require the private sector to complete a percentage of social projects in vulnerable areas. It would also be useful to establish rate caps to prevent excessive costs, regulating profitability and applying cross-subsidies so that more profitable works, like highways, finance others with social impact.

The State must maintain a control role over project execution and maintenance through a PPP monitoring unit that oversees compliance and allows for the renegotiation of unfavorable terms. Furthermore, including review clauses in contracts would protect users from excessive increases and ensure fair returns for investors. Taken together, these measures would allow for a more equitable and accessible infrastructure model for the Province of Buenos Aires.