Argentina notificó su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aunque el tratado constitutivo no regula ese procedimiento. El caso exige distinguir la voluntad de salir, sus efectos prácticos y su eficacia jurídica.

El Gobierno argentino anunció el 5 de febrero de 2025 que retiraría al país de la Organización Mundial de la Salud. La decisión se formalizó mediante una carta del canciller, fechada el 25 de febrero y recibida por el secretario general de las Naciones Unidas el 17 de marzo. En su función de depositario de la Constitución de la OMS, el secretario general debía recibir y comunicar los instrumentos relacionados con ese tratado. La notificación argentina invocó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT), adoptada ese año y en vigor desde 1980, y fijó el retiro para un año después. El depositario no aceptó ni rechazó la carta: remitió la cuestión a la Asamblea Mundial de la Salud porque la Constitución de la OMS no contiene una cláusula de salida.

El silencio no resuelve el problema

La Constitución de la OMS explica cómo se adquiere la condición de miembro, pero no establece cómo termina. Frente a ese silencio, el artículo 56 de la Convención de Viena parte de una regla restrictiva: un tratado sin cláusula de denuncia o retiro no puede abandonarse unilateralmente. Admite dos excepciones. Debe constar que las partes quisieron permitir la salida, o el derecho a retirarse debe poder inferirse de la naturaleza del tratado. El preaviso de doce meses aparece después. Ordena el ejercicio de un derecho previamente existente; no basta para crearlo.

Hay una dificultad adicional. La Constitución de la OMS fue adoptada en 1946, mientras que la Convención de Viena es de 1969. Su artículo 4 impide aplicar retroactivamente sus disposiciones como normas convencionales, sin afectar aquellas reglas que obliguen por otra fuente del derecho internacional. Los documentos del caso no determinan si cada elemento del artículo 56 refleja una norma consuetudinaria aplicable a tratados anteriores. Por eso, conviene utilizarlo como el marco jurídico compartido por las partes: Argentina lo invocó y la asesoría jurídica de la OMS examinó la notificación con esa misma disposición.

El argumento posible a favor del retiro

La posición argentina puede reconstruirse sin afirmar que una voluntad posterior elimina cualquier obligación previamente asumida. Su argumento más atendible se encuentra en la segunda excepción del artículo 56: el derecho implícito derivado de la naturaleza del tratado. La membresía en una organización internacional crea una relación permanente de cooperación política, técnica y financiera. Esa cooperación difícilmente conserva el mismo contenido cuando un Estado manifiesta de manera inequívoca que ya no desea participar.

Desde esta lectura, la ausencia de una cláusula de salida no necesariamente significa que los miembros deban permanecer indefinidamente. También puede distinguirse la condición formal de miembro de la participación efectiva en la organización. Un Estado podría seguir registrado como parte y, al mismo tiempo, dejar de intervenir en sus órganos o programas. El preaviso anual mostraría, además, una voluntad de ordenar la separación y dar tiempo para administrar sus consecuencias. Ninguno de estos elementos demuestra por sí solo que exista un derecho de retiro, pero sí explica por qué el silencio del tratado admite una controversia jurídica real.

La objeción principal es que ese razonamiento podría aplicarse a casi cualquier organización. Para satisfacer el artículo 56 no alcanza con señalar que la cooperación requiere voluntad estatal. Habría que demostrar qué característica específica de la OMS vuelve necesario inferir un derecho de salida. El consentimiento es central en el derecho de los tratados, pero una vez expresado también obliga al Estado según las condiciones del acuerdo. La voluntad de dejar de participar y la extinción jurídica de la membresía no son, por eso, conceptos equivalentes.

El consentimiento estatal conserva, por tanto, un valor interpretativo, pero no decisivo. Dentro del esquema de la CVDT, el artículo 26 recoge el principio pacta sunt servanda: todo tratado en vigor obliga a sus partes y debe cumplirse de buena fe. Leída junto con los artículos 42.2 y 56, esa regla no impide el retiro, pero exige una base jurídica para extinguir la obligación. Puede apoyar una lectura contraria a la permanencia institucional indefinida frente a una voluntad estatal inequívoca, pero no reemplaza la necesidad de acreditar que la naturaleza del tratado habilita jurídicamente la denuncia. El preaviso de doce meses refuerza la regularidad y la buena fe del procedimiento seguido, aunque sólo adquiere eficacia si el derecho de retiro existe previamente.

Los antecedentes de la OMS

El informe presentado al Consejo Ejecutivo ofrece elementos para una lectura restrictiva. Según las actas preparatorias, el comité técnico omitió toda mención al retiro siguiendo el modelo de la Carta de las Naciones Unidas, en lo que describió como una omisión aparentemente deliberada. La Conferencia de 1946 sólo contempló una situación particular: una reforma constitucional que modificara derechos u obligaciones que un miembro no pudiera aceptar. Esto no equivale a una prohibición expresa para cualquier supuesto, pero debilita la idea de un derecho ordinario de salida.

La práctica posterior tampoco tiene un sentido único. Entre 1949 y 1950, siete Estados comunicaron que ya no se consideraban miembros. La Asamblea siguió tratándolos formalmente como tales e invitó a que retomaran su cooperación. Cuando regresaron, les exigió pagos simbólicos por el período de inactividad. El antecedente favorece la continuidad jurídica de la membresía, aunque también muestra que un Estado puede permanecer durante años fuera del funcionamiento efectivo de la organización.

Una respuesta deliberadamente limitada

En febrero de 2026, el Consejo Ejecutivo recomendó reconocer el retiro argentino desde el 17 de marzo. La Asamblea no conservó esa fórmula. La resolución WHA79.7, aprobada el 23 de mayo, tomó nota de la comunicación y consideró que no era conveniente adoptar otras medidas “en esta fase”. La diferencia entre reconocer y tomar nota impide sostener que la OMS haya confirmado expresamente la validez jurídica del retiro.

La decisión admite más de una lectura. La Asamblea pudo limitarse a registrar la notificación sin resolver su eficacia. También pudo aceptar la separación en términos prácticos sin aprobar el fundamento jurídico argentino, o postergar una definición que pudiera aplicarse después a otros Estados. El texto (la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud) respalda mejor una conclusión prudente: la Asamblea administró el caso sin reconocer un derecho general de retiro ni declarar definitivamente que ese derecho fuera imposible.

La Colección de Tratados de las Naciones Unidas todavía registraba 194 partes e incluía a Argentina en julio de 2026. Ese dato es un indicio administrativo, no una decisión constitutiva: puede depender del momento de actualización y de actos institucionales posteriores.

La controversia aparece, además, en un momento de presión financiera concreta sobre la OMS. Para 2026–2027, la organización redujo en 22% su presupuesto por programas inicialmente propuesto, de US $5,3 mil millones a US $4,2 mil millones, mientras sus miembros aprobaron un aumento del 20% de las contribuciones señaladas. Este contexto no altera las reglas sobre retiro, pero vuelve más relevante la previsibilidad de las condiciones de membresía y salida.

La notificación argentina, entonces, no produjo automáticamente un retiro jurídicamente indiscutible. Argentina no acreditó de manera concluyente que la naturaleza de la OMS implicara un derecho unilateral de salida. La Asamblea, a su vez, evitó resolver expresamente la inexistencia de ese derecho. La separación pudo operar en el plano político y práctico mientras la condición formal permanecía discutida. Más que establecer un precedente, la respuesta institucional dejó abierta una cuestión que la Constitución de 1946 nunca reguló. Mientras ese silencio se mantenga, futuros intentos de retiro podrían volver a exigir una respuesta institucional caso por caso. Una cláusula expresa, incorporada mediante el procedimiento de reforma previsto en el artículo 73 de la Constitución de la OMS, podría reducir esa incertidumbre, aunque del caso argentino no se desprende que una reforma sea la única vía jurídica para hacerlo.

En última instancia, el caso argentino pone de relieve la tensión irresuelta entre la soberanía estatal y la estabilidad de los tratados constitutivos en las organizaciones internacionales. Si bien el retiro unilateral plantea un desafío político evidente, la ausencia de una previsión clara en la Constitución de la OMS invita a cuestionar si la solución reside exclusivamente en reformas formales o si el derecho internacional puede adaptarse mediante la práctica institucional y la buena fe.

Para Argentina, más allá de la validez jurídica de su salida, el debate subraya la necesidad de repensar cómo se integran y terminan los compromisos en el sistema de salud global. Este proceso, lejos de cerrarse con este episodio, probablemente exigirá definiciones más precisas en el futuro.

The Argentine government announced on February 5, 2025, that it would withdraw the country from the World Health Organization. The decision was formalized through a letter from the Foreign Minister, dated February 25 and received by the Secretary-General of the United Nations on March 17. In his role as depositary of the WHO Constitution, the Secretary-General was required to receive and communicate instruments related to that treaty. Argentina's notification invoked the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), adopted that year and in force since 1980, and set the withdrawal to take effect one year later. The depositary neither accepted nor rejected the letter: he referred the matter to the World Health Assembly, since the WHO Constitution contains no exit clause.

Silence does not resolve the problem

The WHO Constitution explains how membership is acquired, but not how it ends. Faced with that silence, Article 56 of the Vienna Convention starts from a restrictive rule: a treaty without a denunciation or withdrawal clause cannot be abandoned unilaterally. It allows for two exceptions. It must be established that the parties intended to permit withdrawal, or the right to withdraw must be inferable from the nature of the treaty. The twelve-month notice period comes only after that. It governs the exercise of a previously existing right; it is not enough to create one.

There is an additional difficulty. The WHO Constitution was adopted in 1946, while the Vienna Convention dates from 1969. Its Article 4 prevents its provisions from being applied retroactively as treaty rules, without affecting rules that are binding through another source of international law. The documents in the case do not establish whether each element of Article 56 reflects a customary norm applicable to earlier treaties. For that reason, it is useful to treat it as the shared legal framework used by the parties: Argentina invoked it, and the WHO's legal counsel examined the notification under that same provision.

The possible argument in favor of withdrawal

Argentina's position can be reconstructed without claiming that a later expression of will eliminates any previously assumed obligation. Its strongest argument lies in the second exception of Article 56: an implicit right derived from the nature of the treaty. Membership in an international organization creates a permanent relationship of political, technical, and financial cooperation. That cooperation hardly retains the same content once a State unequivocally states that it no longer wishes to participate.

Under this reading, the absence of an exit clause does not necessarily mean members must remain indefinitely. A distinction can also be drawn between formal membership status and effective participation in the organization. A State could remain registered as a party while ceasing to take part in its bodies or programs. The annual notice period would also demonstrate an intent to organize the separation in an orderly way and allow time to manage its consequences. None of these elements alone proves that a right of withdrawal exists, but they do explain why the treaty's silence gives rise to a genuine legal controversy.

The main objection is that this reasoning could apply to almost any organization. Satisfying Article 56 requires more than pointing out that cooperation depends on state will. One would need to show what specific characteristic of the WHO makes it necessary to infer a right of exit. Consent is central to treaty law, but once expressed, it also binds the State according to the terms of the agreement. The will to stop participating and the legal extinction of membership are not, therefore, equivalent concepts.

State consent thus retains interpretive value, but not a decisive one. Within the VCLT's framework, Article 26 embodies the principle of pacta sunt servanda: every treaty in force binds its parties and must be performed in good faith. Read together with Articles 42.2 and 56, that rule does not prevent withdrawal, but it does require a legal basis for extinguishing the obligation. It may support a reading against indefinite institutional permanence in the face of an unequivocal state will, but it does not replace the need to establish that the nature of the treaty legally enables denunciation. The twelve-month notice period reinforces the regularity and good faith of the procedure followed, though it only becomes effective if the right of withdrawal already exists.

The WHO's precedents

The report submitted to the Executive Board offers grounds for a restrictive reading. According to the preparatory records, the technical committee omitted any mention of withdrawal, following the model of the United Nations Charter, in what it described as an apparently deliberate omission. The 1946 Conference only contemplated one specific situation: a constitutional reform that altered rights or obligations a member could not accept. This does not amount to an express prohibition for every scenario, but it weakens the idea of an ordinary right of exit.

Subsequent practice is likewise not clear-cut. Between 1949 and 1950, seven States communicated that they no longer considered themselves members. The Assembly continued to formally treat them as such and invited them to resume cooperation. When they returned, it required symbolic payments for the period of inactivity. This precedent favors the legal continuity of membership, though it also shows that a State can remain outside the organization's effective functioning for years.

A deliberately limited response

In February 2026, the Executive Board recommended recognizing Argentina's withdrawal as of March 17. The Assembly did not adopt that formula. Resolution WHA79.7, approved on May 23, took note of the communication and considered it inadvisable to adopt further measures "at this stage." The difference between recognizing and taking note makes it impossible to conclude that the WHO expressly confirmed the legal validity of the withdrawal.

The decision admits more than one reading. The Assembly may have simply recorded the notification without resolving its validity. It may also have accepted the separation in practical terms without endorsing Argentina's legal grounds, or postponed a determination that could later apply to other States. The text (the World Health Assembly resolution) better supports a cautious conclusion: the Assembly managed the case without recognizing a general right of withdrawal, nor definitively declaring that such a right was impossible.

The United Nations Treaty Collection still listed 194 parties and included Argentina as of July 2026. That is an administrative indicator, not a constitutive decision: it may depend on the timing of updates and subsequent institutional acts.

The controversy also arises amid concrete financial pressure on the WHO. For 2026–2027, the organization cut its initially proposed program budget by 22%, from US$5.3 billion to US$4.2 billion, even as its members approved a 20% increase in assessed contributions. This context does not alter the rules on withdrawal, but it makes the predictability of membership and exit conditions more relevant.

Argentina's notification, then, did not automatically produce a legally indisputable withdrawal. Argentina did not conclusively establish that the nature of the WHO implies a unilateral right of exit. The Assembly, in turn, avoided expressly ruling out the existence of that right. The separation may have operated on the political and practical level while its formal status remained disputed. Rather than setting a precedent, the institutional response left open a question that the 1946 Constitution never regulated. As long as that silence persists, future withdrawal attempts could once again require a case-by-case institutional response. An express clause, incorporated through the reform procedure set out in Article 73 of the WHO Constitution, could reduce that uncertainty — although the Argentine case does not indicate that reform is the only legal path to achieving it.