En los últimos meses conversamos sobre qué es, cómo y por qué evaluar políticas públicas. Ahora bien, en el presente escrito intentaré profundizar en una temática poco abordada del rubro: la dimensión política de la evaluación.

Luego de leer las notas previas podemos pensar, ¿cómo una cuestión tan técnica no puede funcionar en la Argentina? ¿por qué tantos intentos fracasados de instalar esta temática elemental de la gestión pública? ¿cómo una cuestión tan simple como visualizar y estudiar datos puede ser tan disputada? La respuesta es compleja: no es ni tan técnica ni tan elemental ni tan simple. Aquellas potenciales contestaciones alegan a una mirada ingenua e inocente de la evaluación de políticas públicas (Modernel, 2021).

Nos cansamos de decir que la evaluación de las políticas públicas es un medio para un fin (mejorarlas, crearlas o eliminarlas). No obstante, nunca dijimos que la evaluación, como decisión, es el resultado del flujo de intereses de diferentes grupos en el campo público. Es la llamada “voluntad política” que está plagada de actores que no son sólo de la gestión pública (organismos internacionales, empresas, sociedad civil, administración pública, dirigencia política, academia, etc.). ¿O creemos que ante alguna política pública que afecte, positiva o negativamente, a diversos actores sociales no tendrá respuestas o intentos de influencia en su diseño, implementación o evaluación?

Así, el Estado aparece como un actor más en el proceso social desarrollado en torno a una cuestión. Aunque, las tomas de posición del Estado suelen ser particularmente importantes no sólo por su posibilidad objetiva de producir importantes consecuencias sino también porque así suelen considerarlo otros actores sociales (O´Donnell y Oszlak, 1979). Tomando esto en cuenta, existe una gran complejidad a la hora de proponer y llevar a cabo una política (nacional, provincial o municipal) de evaluación, debido a las potenciales afecciones de está sobre los demás actores de la sociedad. Sin embargo, hay más cuestiones a tener en cuenta: en democracia, existe la alternancia.

Sobre esto, una cuestión: la evaluación no es simplemente técnica sino que requiere especificar criterios y valores para su puesta en ejecución (qué evaluamos, cómo la interpretamos, etc.). Los criterios y valores son instalados por actores y estos usualmente tienen sus propios intereses. Por eso, la alternancia en la evaluación puede ser positiva (si es que logramos acuerdos sostenibles) o negativa (debido al péndulo constante de criterios, tan acostumbrados en la Argentina).

En la coyuntura actual, un ejemplo claro. En la conversación de “El Despacho” entre Federico Sturzzeneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y el “Gordo Dan”, el primero aclaró los términos de evaluación del gobierno actual: “con Macri, la idea era hacer que el Estado funcionara bien, mientras que, con Milei, la pregunta es si el Estado debe intervenir o no”. Como vemos, la evaluación de las políticas públicas no es casual ni técnica, es profundamente política (y ética). Así, todo aquel que desee promover la evaluación de las políticas públicas no puede hacerlo sin comulgar ni dominar la dimensión técnica y política.

De esta manera, para institucionalizar la evaluación de políticas públicas en Argentina no se precisa solamente tener un gran discurso sino más bien, volcarlo en la agenda pública, disputarlo en el terreno político y, desde mi perspectiva, generar los consensos necesarios para tener en nuestro país puntos mínimos de acuerdo sobre evaluar nuestras políticas públicas.

In recent months, we have discussed what public policy evaluation is, how it works, and why we do it. Now, in this writing, I will attempt to delve deeper into a seldom-addressed dimension of the field: the political dimension of evaluation.

After reading the previous notes, we might think: how can something so technical fail to function in Argentina? Why have there been so many failed attempts to install this elemental theme of public management? How can a matter as simple as visualizing and studying data be so fiercely disputed? The answer is complex: it is neither that technical, nor that elemental, nor that simple. Those potential answers lean toward a naive and innocent view of public policy evaluation (Modernel, 2021).

We have tired ourselves out saying that public policy evaluation is a means to an end (improving, creating, or eliminating them). However, we never said that evaluation, as a decision, is the result of the flow of interests of different groups in the public arena. It is the so-called "political will," which is crowded with actors who belong not only to public management (international organizations, businesses, civil society, the public administration, political leadership, academia, etc.). Or do we truly believe that if a public policy positively or negatively affects various social actors, it will not trigger responses or attempts to influence its design, implementation, or evaluation?

Thus, the State appears as just one more actor in the social process developed around an issue. However, the State's position-takings are usually particularly important, not only because of their objective possibility to produce major consequences but also because other social actors tend to view them that way (O’Donnell and Oszlak, 1979). Taking this into account, a high level of complexity arises when proposing and carrying out an evaluation policy (national, provincial, or municipal), due to its potential impact on other actors in society. Yet, there are more issues to consider: in democracy, there is alternation.

On this point, one consideration: evaluation is not simply technical, but requires specifying criteria and values for its execution (what we evaluate, how we interpret it, etc.). Criteria and values are installed by actors, and these actors usually have their own interests. Because of this, alternation in evaluation can be positive (if we manage to achieve sustainable agreements) or negative (due to the constant pendulum of criteria, to which we are so accustomed in Argentina).

The current conjuncture offers a clear example. In the conversation on "El Despacho" between Federico Sturzenegger, Minister of Deregulation and Transformation of the State, and "Gordo Dan," the former clarified the current government's evaluation terms: "with Macri, the idea was to make the State work well, whereas, with Milei, the question is whether the State should intervene or not." As we can see, public policy evaluation is neither casual nor technical; it is deeply political (and ethical). Thus, anyone wishing to promote public policy evaluation cannot do so without engaging with and mastering both the technical and political dimensions.

In this manner, to institutionalize public policy evaluation in Argentina, it is not enough to merely have a great discourse; rather, it is necessary to bring it into the public agenda, dispute it on the political terrain, and, from my perspective, generate the necessary consensuses to establish baseline points of agreement in our country regarding the evaluation of our public policies.