De acuerdo con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), hacia el año 2030 el incremento en el consumo de electricidad superará en 2,5 veces la demanda energética general. Este patrón marca un hito histórico, ya que, por primera vez en tres décadas, la expansión del consumo eléctrico sobrepasará la tasa de crecimiento económico global. Este fenómeno responde a la expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos, la manufactura avanzada y la electrificación de distintos sectores productivos. Frente a este desafío, se produjo una nueva ola de inversiones en infraestructura energética, con particular énfasis en las energías limpias, tales como las renovables y la nuclear. Según la IEA, se prevé que ambas energías representarán cerca de la mitad de la generación eléctrica mundial en 2030.

En particular, este contexto impulsó a la energía nuclear a recuperar un lugar estratégico dentro de las inversiones nacionales e internacionales, debido a su capacidad de generar electricidad con bajas emisiones de carbono. Además, posee, junto con las fuentes solar y eólica, el menor nivel de riesgo para la seguridad de todas las tecnologías de generación eléctrica. Sin embargo, se diferencia de estas fuentes por su disponibilidad: mientras que la energía nuclear provee energía de manera constante, la eólica y la solar dependen de condiciones naturales variables. A su vez, se destaca por ser sumamente eficiente. Un solo gramo de uranio puede generar la misma cantidad de energía que toneladas de carbón. Su incorporación contribuye, asimismo, a diversificar las matrices energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que son limitados y están sujetos a fluctuaciones de precio en los mercados internacionales.

Sin embargo, la construcción de nueva capacidad nuclear requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares, plazos de desarrollo de hasta veinticinco años, marcos regulatorios exigentes y requisitos de recursos humanos altamente capacitados. Incluso cuando existe acceso al financiamiento, pocos países en el mundo cuentan con una trayectoria consolidada y capacidades propias en el sector nuclear. Así, ser un actor con experiencia acumulada en este mercado constituye un activo estratégico que excede su dimensión estrictamente industrial. Este es el caso de Argentina, que cuenta con setenta y seis años de experiencia, una ventaja que la posiciona por encima de otros países del mundo.

Argentina frente a la demanda mundial de energía nuclear

A finales de mayo, la Secretaría de Asuntos Nucleares presentó los Lineamientos de Política Nuclear Argentina, una medida que generó debates en el sector. Lo que en particular ha llamado la atención fue la propuesta de la producción en serie de los reactores modulares pequeños (Small Modular Reactors, SMR). Estos son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, lo que representa aproximadamente un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares tradicionales. Para dimensionar esta capacidad, un reactor de 300 MWe podría generar electricidad suficiente para abastecer aproximadamente a 300.000 hogares.

El atractivo de esta tecnología reside, entre otros aspectos, en su diseño modular. Se estima que sus componentes abaratan los costos de producción y disminuyen el tiempo de armado en serie y fabricación. Asimismo, sus diseños simplificados incorporan sistemas de seguridad pasiva, mientras que su menor escala permite una mayor flexibilidad operacional. Estas características podrían facilitar su incorporación junto con fuentes renovables, contribuyendo a compensar su intermitencia. Para Argentina, el desarrollo de esta tecnología representa una oportunidad para aprovechar las capacidades acumuladas durante décadas y proyectarlas hacia un mercado internacional en expansión.

El desafío: pensar una política energética de largo plazo

Por su naturaleza, un proyecto nuclear requiere previsibilidad jurídica, institucional y regulatoria. En este sentido, el marco internacional desarrollado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce la necesidad de que los Estados cuenten con una estructura jurídica y gubernamental capaz de garantizar la seguridad, la regulación y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Argentina forma parte de los principales instrumentos internacionales de seguridad y no proliferación, entre ellos el Tratado de Tlatelolco –para países de América Latina y el Caribe– y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Sin embargo, el desarrollo del sector plantea un desafío adicional: establecer una estrategia estatal que permita definir su evolución dentro de la matriz energética nacional.

En este sentido, Francia constituye un caso modelo de planificación energética integral. Su elevada dependencia de la energía nuclear, que representó el 71 % de su producción de energía primaria en 2022, se combina con objetivos de reducción de emisiones y disminución progresiva del uso de combustibles fósiles. En este contexto, el Estado francés creó en 2015 el Programa Plurianual de Energía (PPE), mediante la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde, actualmente encuadrado en los artículos L.141-1 a L.141-4 del Código de Energía francés.

Este instrumento permitió definir líneas de acción para el conjunto del sistema energético. Inicialmente, la estrategia contemplaba diversificar la matriz y reducir progresivamente la participación nuclear al 50%. Sin embargo, en 2022 se modificó esta visión y se dio paso a una nueva planificación centrada en la preservación, modernización y desarrollo de una nueva capacidad nuclear. Así, el PPE3, publicado en 2026 (para el período 2026-2035), establece objetivos concretos para el sector: extender la operación de los reactores existentes más allá de los cincuenta o sesenta años, aumentar su potencia y producción, confirmar la construcción de seis reactores EPR2 y continuar los estudios para un segundo programa de al menos ocho EPR2 adicionales. El objetivo es que la producción nuclear alcance entre 380 y 420 TWh anuales durante 2030-2035, junto con el desarrollo de al menos un prototipo de reactor nuclear innovador para 2030.

El Programa francés es interesante de analizar no porque sus decisiones sean necesariamente trasladables a la realidad argentina, sino porque ejemplifica cómo una política nuclear puede integrarse dentro de una estrategia energética general y adaptarse a las prioridades del país. En Argentina, los Lineamientos de la Política Nuclear constituyen un punto de partida, pero su carácter orientativo no determina qué lugar ocupará la energía nuclear dentro de la matriz nacional en los próximos años.

El desafío consiste, por tanto, en complementar estos lineamientos con una planificación energética de largo plazo que defina el papel de la energía nuclear dentro de la matriz y, a partir de ella, adecúe el marco jurídico y regulatorio necesario para que las innovaciones tecnológicas puedan desarrollarse e insertarse competitivamente en el mercado internacional, mediante mecanismos de cooperación y articulación público-privada.

La matriz energética que queremos

Aunque Argentina cuenta con una ventaja tecnológica excepcional para participar del nuevo mercado internacional de los SMR, esta oportunidad no debería limitarse a desarrollar una industria exportadora, sino también a definir qué función tendrá la energía nuclear en la transformación de la matriz energética nacional en los próximos años.

Los Lineamientos de la Política Nuclear constituyen un punto de partida, pero deberían ser el producto de una planificación previa energética plurianual que permita convertir las capacidades nucleares existentes y las nuevas inversiones en una política energética realista, adaptable y competitiva, que asegure la previsibilidad necesaria para fortalecer la confianza del sector privado y sostener el desarrollo nuclear en el largo plazo.

According to projections from the International Energy Agency (IEA), by 2030 the increase in electricity consumption will exceed overall energy demand growth by 2.5 times. This marks a historic milestone, as for the first time in three decades, the expansion of electricity consumption will outpace the rate of global economic growth. This phenomenon responds to the expansion of artificial intelligence, data centers, advanced manufacturing, and the electrification of various productive sectors. Faced with this challenge, a new wave of investment in energy infrastructure has emerged, with particular emphasis on clean energy sources such as renewables and nuclear power. According to the IEA, both are expected to account for nearly half of global electricity generation by 2030.

In this context, nuclear energy has regained a strategic place in national and international investment, owing to its capacity to generate electricity with low carbon emissions. It also carries, along with solar and wind, the lowest safety risk level among all electricity generation technologies. However, it differs from these sources in its availability: while nuclear energy provides constant power, wind and solar depend on variable natural conditions. It also stands out for its remarkable efficiency — a single gram of uranium can generate the same amount of energy as tons of coal. Its incorporation also helps diversify energy matrices and reduce dependence on fossil fuels, which are limited and subject to price fluctuations in international markets.

However, building new nuclear capacity requires investments of tens of billions of dollars, development timelines of up to twenty-five years, demanding regulatory frameworks, and highly trained human resources. Even when financing is available, few countries in the world have an established track record and their own capabilities in the nuclear sector. Being an actor with accumulated experience in this market is therefore a strategic asset that goes beyond its strictly industrial dimension. This is the case of Argentina, which has seventy-six years of experience — an advantage that positions it above other countries in the world.

Argentina facing global nuclear energy demand

In late May, the Secretariat of Nuclear Affairs presented the Argentine Nuclear Policy Guidelines, a measure that sparked debate within the sector. What particularly drew attention was the proposal for serial production of Small Modular Reactors (SMRs). These are advanced nuclear reactors with a power capacity of up to 300 MW(e) per unit, roughly a third of the generation capacity of traditional nuclear reactors. To put this in perspective, a 300 MWe reactor could generate enough electricity to supply approximately 300,000 households.

The appeal of this technology lies, among other things, in its modular design. Its components are estimated to lower production costs and reduce assembly and manufacturing time through serial production. Its simplified designs also incorporate passive safety systems, while its smaller scale allows for greater operational flexibility. These features could facilitate its integration alongside renewable sources, helping to offset their intermittency. For Argentina, developing this technology represents an opportunity to leverage decades of accumulated capabilities and project them into an expanding international market.

The challenge: from the Guidelines to a long-term energy policy

By its nature, a nuclear project requires legal, institutional, and regulatory predictability. In this regard, the international framework developed by the International Atomic Energy Agency (IAEA) recognizes the need for states to have a legal and governmental structure capable of ensuring safety, regulation, and compliance with their international obligations. Argentina is party to the main international security and non-proliferation instruments, including the Treaty of Tlatelolco — for Latin American and Caribbean countries — and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. However, the sector's development poses an additional challenge: establishing a state strategy that defines its evolution within the national energy matrix.

In this sense, France stands as a model case of energy planning. Its high dependence on nuclear energy, which accounted for 71% of its primary energy production in 2022, is combined with emissions reduction targets and a progressive decrease in fossil fuel use. In this context, the French state created the Multiannual Energy Program (PPE) in 2015 through the Energy Transition for Green Growth Law, now codified in Articles L.141-1 to L.141-4 of the French Energy Code.

This instrument made it possible to define lines of action for the entire energy system. Initially, the strategy contemplated diversifying the matrix and progressively reducing nuclear's share to 50%. However, in 2022 this vision was revised, giving way to a new plan centered on preserving, modernizing, and developing new nuclear capacity. Thus, the PPE3, published in 2026 (covering the 2026–2035 period), sets concrete targets for the sector: extending the operation of existing reactors beyond fifty or sixty years, increasing their power and output, confirming the construction of six EPR2 reactors, and continuing studies for a second program of at least eight additional EPR2 units. The goal is for nuclear production to reach between 380 and 420 TWh annually during 2030–2035, along with the development of at least one prototype of an innovative nuclear reactor by 2030.

The French program is worth analyzing not because its decisions are necessarily transferable to Argentina's reality, but because it illustrates how a nuclear policy can be integrated into a broader energy strategy and adapted to a country's priorities. In Argentina, the Nuclear Policy Guidelines represent a starting point, but their non-binding nature does not determine what role nuclear energy will occupy within the national matrix in the coming years. The challenge, therefore, is to complement these guidelines with long-term energy planning that defines nuclear energy's role within the matrix and, from there, adapts the legal and regulatory framework needed for technological innovations to develop and compete in the international market, through mechanisms of cooperation and public-private coordination.

Conclusions

Although Argentina holds an exceptional technological advantage to participate in the new international SMR market, this opportunity should not be limited to developing an export industry, but should also define what role nuclear energy will play in transforming the national energy matrix in the coming years. The Nuclear Policy Guidelines represent a starting point, but they should be the product of prior multiannual energy planning that turns existing nuclear capabilities and new investments into a realistic, adaptable, and competitive energy policy — one that ensures the predictability needed to strengthen private-sector confidence and sustain nuclear development over the long term.