En un contexto de creciente conflictividad interestatal, el fracaso del consenso en la Conferencia del Examen del Tratado de No Proliferación profundiza los cuestionamientos sobre su legitimidad. De esta forma, la persistente brecha entre sus promesas y aplicabilidad, junto con la acelerada modernización armamentística, plantean un escenario donde se hace necesario repensar qué elementos del régimen vigente merecen ser conservados y cuáles deben ser modificados

El Tratado

En agosto de 1945 dos ciudades japonesas fueron devastadas tras la decisión norteamericana de lanzar dos bombas atómicas. Con un saldo total de más de 500.000 víctimas, la destrucción de gran parte de la infraestructura urbana y las consecuencias duraderas en el medio ambiente, este fue el único momento en la historia donde se utilizaron bombas nucleares. La magnitud de la letalidad fue, en definitiva, suficiente para que la comunidad internacional decidiera regular el uso militar de este tipo de energía y promover su empleo pacífico.

Posteriormente, y en un contexto de carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se impulsó la redacción del Tratado de No Proliferación (TNP), abierto a la firma en 1968 y con entrada en vigor en 1970. En la actualidad, cuenta con 191 Estados Parte, siendo uno de los tratados internacionales con mayor nivel de adhesión.

Los objetivos centrales del TNP son tres: avanzar hacia un desarme total, detener la proliferación horizontal y reconocer el derecho inalienable de todos los Estados de hacer un uso pacífico de la energía nuclear. Si bien los tres son los pilares centrales del régimen global de no proliferación, no todos han logrado coincidir en su grado de cumplimiento.

Sin duda, el gran éxito del TNP está vinculado a su segundo pilar, pudiendo contener el número de Estados con armamento nuclear en nueve. Estos son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Los primeros cinco son reconocidos por el TNP como poseedores, mientras que los restantes han denunciado el tratado o nunca se adhirieron. A esta cifra se la evalúa positivamente pues, durante la década de 1960, el gobierno estadounidense estimaba que el número de Estados con capacidad militar nuclear en los años posteriores sería de entre 10 y 20. Sin embargo, prevenir la proliferación horizontal no parece ser suficiente para hacer frente a los límites contemporáneos que el régimen vigente enfrenta.

Las razones de este triunfo se vinculan con, por un lado, la eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA en los Estados no poseedores. A su vez, el énfasis político que las delegaciones han puesto respecto a los riesgos asociados al uso de este tipo de armas fue central.

La crisis de la normativa resulta fácilmente identificable. Desde el 2015 la Conferencia de Examen sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares no ha podido alcanzar unanimidad en su Documento Final. Esto es un claro síntoma de las profundas divergencias entre las Partes respecto a cómo avanzar en materia de desarme nuclear. Además, el vencimiento - y no renovación - del tratado New START (2010) entre Washington y Moscú deja al sistema interestatal sin un pacto que limite, en mayor o menor medida, los arsenales de las dos principales potencias nucleares.

Límites del régimen del TNP

Uno de los puntos más criticados del TNP, sin lugar a dudas, es su distribución desigual de derechos y obligaciones entre las Partes. No sólo es probablemente el único tratado internacional que reconoce dos “categorías” de países, sino que la inequidad se materializa en los mecanismos de control impuestos, establecidos en el artículo III del tratado. Esto es, un sistema de salvaguardias marcadamente más estricto para los no poseedores de armas nucleares. Esto implica que se le permite a un número reducido de Estados ser los únicos poseedores de armamento nuclear y, adicionalmente, no estar sujetos a las mismas revisiones mandatorias sobre sus arsenales y sus usos. Así, el tratado no crea pero sí institucionaliza y legitima jurídicamente una estructura jerárquica del poder internacional.

Otra dimensión relevante son los escasos progresos logrados desde la sanción del pacto en 1968. En la literatura se hace repetida alusión al artículo VI del TNP, centrado en continuar de buena fe los esfuerzos hacia un desarme nuclear total. Resulta evidente que este es uno de los puntos débiles de la eficacia del tratado en la práctica. En el 2024, aún existían alrededor de 12.000 ojivas nucleares en el mundo, y la mayoría de ellas con grados de letalidad cada vez mayores. Este total de armamento nuclear tiene la potencia de 135.000 bombas Hiroshima. Ningún progreso real puede ser realizado si la reducción del número neto de arsenales se ve compensada con un incremento en su modernización.

Los avances por materializar un desarme total han sido relativamente limitados, y en su lugar se ha posicionado mayor foco en contener la proliferación horizontal. Podríamos pensar que este estancamiento del TNP se alinea con su naturaleza desigual. Así como ocurre en otros organismos internacionales, el bloqueo de las discusiones y de su capacidad de acción pueden responder a las disparidades formales de poder en espacios donde tal vez todos deberían jugar bajo las mismas reglas.

Conclusión

La actualidad internacional es de una complejidad evidente y profunda. Atravesando un proceso de transición del poder hegemónico, los valores y normas que parecían consolidados hoy están en cuestionamiento, incluso por quienes los crearon.

Y si bien el TNP cuenta con sus limitantes, esto no se traduce en inutilidad o una condena al fracaso. La ausencia de un régimen de no proliferación alternativo nos habla de un enorme potencial normativo propio, pero que para ser aprovechado, debe también ser evaluado críticamente.

Su principal logro, la contención de la proliferación horizontal, constituye un resultado que merece ser celebrado y conservado. Por otro lado, el gran asunto pendiente es lograr un progreso material efectivo con respecto al objetivo del desarme total y al cumplimiento de su artículo VI. Lejos de modificar la base del régimen, esto no es más que exigir al régimen —y a los P5 en particular— aquellos compromisos de 1968.

In a context of growing interstate conflict, the failure to reach consensus at the Non-Proliferation Treaty Review Conference deepens questions about its legitimacy. Thus, the persistent gap between its promises and applicability, combined with accelerated arms modernization, creates a scenario where it becomes necessary to rethink which elements of the current regime deserve to be preserved and which must be modified.

The Treaty

In August 1945, two Japanese cities were devastated following the U.S. decision to drop two atomic bombs. With a total toll of over 500,000 casualties, the destruction of much of the urban infrastructure, and long-lasting environmental consequences, this was the only moment in history where nuclear bombs were used. The sheer scale of lethality was ultimately enough for the international community to decide to regulate the military use of this type of energy and promote its peaceful application.

Subsequently, against the backdrop of an arms race between the United States and the Soviet Union, the drafting of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) was driven forward. Opened for signature in 1968, it entered into force in 1970. Today, it counts 191 States Parties, making it one of the international treaties with the highest levels of adherence.

The NPT has three core objectives: advancing toward total disarmament, halting horizontal proliferation, and recognizing the inalienable right of all States to make peaceful use of nuclear energy. While all three serve as the central pillars of the global non-proliferation regime, not all have achieved the same degree of compliance.

Without a doubt, the NPT's greatest success is tied to its second pillar: managing to contain the number of nuclear-armed States to nine. These are the United States, Russia, China, France, the United Kingdom, Pakistan, India, Israel, and North Korea. The first five are recognized by the NPT as nuclear-weapon States, while the rest have either withdrawn from the treaty or never adhered to it. This figure is evaluated positively considering that, during the 1960s, the U.S. government estimated that the number of States with military nuclear capability in subsequent years would be between 10 and 20. However, preventing horizontal proliferation no longer seems sufficient to address the contemporary limits facing the current regime.

The reasons for this triumph stem, on the one hand, from the effectiveness of the IAEA safeguards system in non-nuclear-weapon States. On the other hand, the political emphasis that delegations have placed on the risks associated with the use of such weapons was central.

The norm's crisis is easily identifiable. Since 2015, the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons has been unable to reach unanimity on its Final Document. This is a clear symptom of deep divergence among the Parties regarding how to move forward on nuclear disarmament. Furthermore, the expiration—and non-renewal—of the 2010 New START treaty between Washington and Moscow leaves the interstate system without an agreement that limits, to a greater or lesser extent, the arsenals of the two major nuclear powers.

Limits of the NPT Regime

One of the most criticized aspects of the NPT, without a doubt, is its unequal distribution of rights and obligations among Parties. Not only is it likely the only international treaty that recognizes two "categories" of countries, but this inequity is materialized in the control mechanisms imposed under Article III of the treaty—namely, a markedly stricter safeguards system for non-nuclear-weapon States. This allows a select few States to be the sole possessors of nuclear weapons and, additionally, exempts them from the same mandatory reviews regarding their arsenals and uses. Thus, the treaty does not create, but rather institutionalizes and legally legitimizes, a hierarchical structure of international power.

Another relevant dimension is the sparse progress made since the pact's adoption in 1968. In academic literature, repeated reference is made to Article VI of the NPT, which focuses on pursuing good-faith efforts toward total nuclear disarmament. It is evident that this is one of the weakest points regarding the treaty's practical effectiveness. In 2024, there were still around 12,000 nuclear warheads worldwide, most of them with increasing levels of lethality. This total nuclear arsenal possesses the yield equivalent to 135,000 Hiroshima bombs. No real progress can be made if net reductions in nuclear stockpiles are offset by an increase in their modernization.

Efforts to achieve total disarmament have been relatively limited, with greater focus placed instead on containing horizontal proliferation. This stagnation of the NPT aligns with its unequal nature. As with other international organizations, the deadlock in discussions and action capacity reflects formal power disparities in spaces where, perhaps, everyone should be playing by the same rules.

Conclusion

Current international affairs are characterized by deep and evident complexity. Navigating a period of transition in hegemonic power, values and norms that once seemed consolidated are now being questioned, even by those who created them.

While the NPT has its limitations, this does not translate into uselessness or a condemnation to failure. The absence of an alternative non-proliferation regime points to its immense inherent normative potential—though to be fully leveraged, it must also be critically evaluated.

Its primary achievement—containing horizontal proliferation—represents a result that deserves to be celebrated and preserved. On the other hand, the major pending issue is achieving effective material progress toward total disarmament and compliance with Article VI. Far from altering the core of the regime, this is simply a matter of demanding that the regime—and the P5 in particular—honor those original commitments from 1968.