Argentina presenta un enorme potencial de crecimiento económico. Sin embargo, para evitar repetir errores del pasado, es crucial consolidar instituciones que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo. Una de las claves radica en profundizar en la calidad regulatoria y la evaluación de políticas públicas, superando el modelo de instituciones extractivas, tal como plantean los premio nobel Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países (2012). En su reconocida obra los autores contrastan a estas con las instituciones inclusivas, que son aquellas que permiten y fomentan la participación amplia de la población (incluidas toda la gama de actores de poder) en la actividad económica y política, protegiendo los derechos de propiedad y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Diagnóstico: El Estado Argentino y sus desafíos

Nuestra economía se caracteriza por una prolongada inestabilidad, reflejada en recurrentes recesiones y altos niveles inflacionarios. A pesar de un incremento en la inversión social, la pobreza persiste (la media es superior al 25%, con picos por encima del 50%), evidenciando la ineficacia de las políticas implementadas. Un sector informal considerable (superior al 50% del empleo), junto a una alta proporción de empresas no registradas, impacta negativamente en la recaudación efectiva tributaria, que si bien es alta como porcentaje del PIB, resulta inferior a la de otros países de la región.

En los últimos 70 años, Argentina fue el país con mayor cantidad de años en recesión del mundo.

Fig. 1. Argentina ha experimentado la mayor cantidad de años en recesión a nivel mundial

(Fuente: base de datos de la economía total de The Conference Board: Producción, Trabajo y Productividad Local, 1950-2022)

Fig. 2. La pobreza -medida con la metodología nacional- ha estado por encima del 25% en las últimas décadas.

La pobreza estructural se mantiene por encima del 25%, con picos superiores al 50% durante las crisis.

A pesar de un aumento constante en la inversión social, la situación no ha mejorado significativamente.

La alta informalidad económica, con más del 50% de empleo informal y un porcentaje significativo de empresas no registradas, afecta la recaudación tributaria, que, pese a ser alta, es menor que en otros países de la región. La inflación, también, representa un desafío considerable.

Fig. 3. Pobreza vs. inversión social

(Fuente: CIAS/FUNDAR, Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina 2023, p.7)

Fig. 4. Recaudación tributaria, Argentina.

(Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2024), Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2024. https://oe.cd/RevStatsLAC)

La alta presión tributaria total sobre la renta y las tasas de evasión impositiva son superiores a la de otros países de la región como Uruguay, Chile o Colombia, agravan este problema.

Fig. 5. Argentina y el mundo

(Fuente: Banco Mundial, proyecto Doing Business)

Calidad regulatoria y evaluación de políticas públicas: claves para el cambio

La calidad regulatoria supone el diseño, implementación y revisión de regulaciones efectivas, eficientes y coherentes, que simplifiquen los procedimientos, reduzcan las cargas innecesarias y promuevan la innovación y el crecimiento económico.

Por otro lado, la evaluación de políticas públicas en un sentido restringido se centra en el análisis sistemático del impacto de las políticas ya implementadas, con el objetivo de mejorar su eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad (o no). Según la OCDE en el “OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation” la buena calidad regulatoria incluye claridad, simplicidad, consistencia con otras regulaciones, y la minimización de costos. A su vez, las políticas públicas basadas en evidencia promueven la confianza en las instituciones públicas

En Argentina, el concepto de «regulaciones razonables», basado en principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aporta un marco jurídico importante. La razonabilidad es una pauta de control que determina el contenido esencial de los derechos y además es un mecanismo de argumentación de decisiones. Otros países han logrado avances significativos en la institucionalización de la evaluación de políticas públicas y en la promoción de la calidad regulatoria, como se puede observar en los ejemplos de México, Chile, Estados Unidos y el Reino Unido.

Experiencias de otros países

En diversos países, la evaluación de políticas públicas está institucionalizada y juega un papel clave en la gestión gubernamental. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúa este tipo de programas; en Colombia (que incluso tiene ciertos indicios en su Constitución Nacional), el Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados (SINERGIA) mide el impacto de los principales programas gubernamentales; en Chile, el Sistema de Evaluación y Control de Gestión se centra en la eficiencia económica a través del Ministerio de Hacienda; en Estados Unidos, la Government Accountability Office (GAO) audita y evalúa el gasto público; y en el Reino Unido, la National Audit Office (NAO) controla el gasto público y mejora los servicios gubernamentales. Estas son algunas experiencias (CIPPEC, 2017) que muestran cómo la formalización estable de la evaluación basada en instituciones se utiliza para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en las políticas públicas.

Algunos ejemplos de implementación de calidad regulatoria pueden verse en países como Estados Unidos, la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, 1980) revisa las propuestas regulatorias de las agencias gubernamentales para asegurar consistencia con las políticas ejecutivas. En Perú, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR, 2021) valida los resultados de la mejora regulatoria a través de herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). En México, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER, 2018) promueve la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites para beneficiar el desarrollo económico. Estas oficinas evalúan procedimientos y proponen mejoras para optimizar el marco regulatorio y la transparencia en sus respectivos países.
El gobierno británico por su parte, mediante el Department for Business, Energy and Industrial Strategy, el 31 de enero de 2022 el publicó el “Economic Regulation Policy Paper”, un framework legal que dispone proveer regulaciones idóneas (focus), que provean estabilidad, previsibilidad y transparencia. En stricto sensu, los principios que enmarca fueron: responsabilidad, idoneidad, previsibilidad, coherencia, adaptabilidad y eficiencia.

Recomendaciones para Argentina

Para impulsar una Argentina próspera, se necesitan instituciones políticas y económicas que estén orientadas al desarrollo. Para esto, un marco normativo que establezca un procedimiento estandarizado para el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y la evaluación de políticas públicas pueden ser importantes puntapiés. Además se debe promover un gobierno abierto, utilizando la ciencia de datos y con claros consensos no sólo entre la política sino también con otros actores de la sociedad (sector privado y sociedad civil).

Tener en claro qué debe hacer el Estado y que eso funcione correctamente, es consecuencia de la tarea nacional universal de consentir un presente argentino con sentido y sed de futuro.

Conclusión

La calidad regulatoria y la evaluación de políticas públicas son pilares esenciales para un futuro más próspero y sostenible para la Argentina. Las oportunidades que presenta nuestro país en el desarrollo de industrias como la energética, tecnológica o agroindustrial -entre otras- serán aprovechadas sólo si se avanza hacia una agenda de modernización del Estado y de su robustez institucional. Implementar las reformas necesarias, fortaleciendo la colaboración entre sectores y fomentando la participación ciudadana, permitirán un crecimiento inclusivo y duradero.

Argentina presents an enormous potential for economic growth. However, to avoid repeating mistakes of the past, it is crucial to consolidate institutions that promote sustainable and equitable development. One of the keys lies in deepening regulatory quality and public policy evaluation, moving beyond the model of extractive institutions, as postulated by Nobel laureates Acemoglu and Robinson in Why Nations Fail (2012). In their renowned work, the authors contrast these with inclusive institutions, which are those that allow and encourage the broad participation of the population (including the full spectrum of power actors) in economic and political activity, protecting property rights and promoting equal opportunities.

Diagnosis: The Argentine State and Its Challenges

Our economy is characterized by prolonged instability, reflected in recurrent recessions and high inflationary levels. Despite an increase in social investment, poverty persists (the average is above 25%, with peaks over 50%), demonstrating the inefficiency of the implemented policies. A considerable informal sector (exceeding 50% of employment), alongside a high proportion of unregistered companies, negatively impacts effective tax collection, which, although high as a percentage of GDP, is lower than that of other countries in the region.

In the last 70 years, Argentina has been the country with the highest number of years in recession in the world.

Fig. 1. Argentina has experienced the highest number of years in recession worldwide (Source: The Conference Board Total Economy Database: Output, Labor, and Local Productivity, 1950-2022)

Structural poverty remains above 25%, with peaks exceeding 50% during crises.

Fig. 2. Poverty—measured using national methodology—has stood above 25% in recent decades. 

Despite a steady increase in social investment, the situation has not improved significantly.

Fig. 3. Poverty vs. social investment (Source: CIAS/FUNDAR, Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina 2023, p.7)

High economic informality, with over 50% informal employment and a significant percentage of unregistered businesses, affects tax collection, which, despite being high, is lower than in other countries in the region. Inflation also represents a considerable challenge.

Fig. 4. Tax revenue, Argentina. (Source: OECD/ECLAC/CIAT/IDB (2024), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2024. https://oe.cd/RevStatsLAC)

The high total tax burden on income and tax evasion rates are higher than those of other countries in the region such as Uruguay, Chile, or Colombia, aggravating this problem.

Fig. 5. Argentina and the world (Source: World Bank, Doing Business project)

Regulatory Quality and Public Policy Evaluation: Keys to Change

Regulatory quality implies the design, implementation, and review of effective, efficient, and coherent regulations that simplify procedures, reduce unnecessary burdens, and promote innovation and economic growth.

On the other hand, public policy evaluation in a narrow sense focuses on the systematic analysis of the impact of already implemented policies, with the objective of improving their efficacy, efficiency, impact, and sustainability (or lack thereof). According to the OECD in the “OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation,” good regulatory quality includes clarity, simplicity, consistency with other regulations, and the minimization of costs. In turn, evidence-based public policies promote trust in public institutions.

In Argentina, the concept of "reasonable regulations," based on principles of suitability, necessity, and proportionality, provides an important legal framework. Reasonableness is a control standard that determines the essential content of rights and is also a mechanism for arguing decisions. Other countries have made significant progress in the institutionalization of public policy evaluation and the promotion of regulatory quality, as can be observed in the examples of Mexico, Chile, the United States, and the United Kingdom.

Experiences of Other Countries

In various countries, public policy evaluation is institutionalized and plays a key role in government management. In Mexico, the National Council for the Evaluation of Social Development Policy (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL) evaluates these types of programs; in Colombia (which even has certain indications of this in its National Constitution), the National System for the Evaluation of Results and Management (Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados - SINERGIA) measures the impact of major government programs; in Chile, the Evaluation and Management Control System focuses on economic efficiency through the Ministry of Finance; in the United States, the Government Accountability Office (GAO) audits and evaluates public spending; and in the United Kingdom, the National Audit Office (NAO) controls public spending and improves government services. These are some experiences (CIPPEC, 2017) that show how the stable formalization of evaluation based on institutions is used to improve efficiency and accountability in public policies.

Some examples of regulatory quality implementation can be seen in countries like the United States, where the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA, 1980) reviews regulatory proposals from government agencies to ensure consistency with executive policies. In Peru, the Multisectoral Regulatory Quality Commission (Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria - CMCR, 2021) validates the results of regulatory improvement through tools such as Regulatory Impact Analysis (Análisis de Impacto Regulatorio - AIR). In Mexico, the National Commission for Regulatory Improvement (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria - CONAMER, 2018) promotes the improvement of regulations and the simplification of procedures to benefit economic development. These offices evaluate procedures and propose improvements to optimize the regulatory framework and transparency in their respective countries.

The British government, for its part, through the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, published the “Economic Regulation Policy Paper” on January 31, 2022—a legal framework aimed at providing appropriate regulations (focus) that deliver stability, predictability, and transparency. In stricto sensu, the principles it frames were: accountability, focus, predictability, coherence, adaptability, and efficiency.

Recommendations for Argentina

To drive a prosperous Argentina, political and economic institutions oriented toward development are needed. For this purpose, a regulatory framework establishing a standardized procedure for Regulatory Impact Analysis (RIA) and public policy evaluation could serve as important starting points. Furthermore, an open government must be promoted, utilizing data science and backed by clear consensuses not only within politics but also with other actors in society (the private sector and civil society).

Having clarity on what the State should do and ensuring that it functions correctly is a consequence of the universal national task of consenting to an Argentine present with a sense of purpose and a thirst for the future.

Conclusion

Regulatory quality and public policy evaluation are essential pillars for a more prosperous and sustainable future for Argentina. The opportunities presented by our country in the development of industries such as energy, technology, or agribusiness—among others—will only be seized if progress is made toward an agenda of state modernization and institutional robustness. Implementing the necessary reforms, strengthening collaboration between sectors, and fostering citizen participation will allow for inclusive and lasting growth.