En un rincón del altiplano andino, Bolivia ha ofrecido una lección inesperada sobre cómo reconstruir el contrato social a través de la infraestructura. Más que un simple programa de obras, la iniciativa de generación de empleos del FPS y FONPLATA se convirtió en una máquina de coser confianza cívica. Mediante la contratación y capacitación directa de comunidades vulnerables, no solo pavimentó calles, sino también nuevas formas de gobernanza participativa. En tiempos donde el escepticismo social frena reformas ambiciosas, el caso boliviano ilumina una estrategia tan obvia como poderosa: construir con la gente, no solo para la gente.
In a corner of the Andean highlands, Bolivia has offered an unexpected lesson on how to rebuild the social contract through infrastructure. More than just a simple public works program, the employment generation initiative led by the FPS (National Productive and Social Investment Fund) and FONPLATA became an engine for sewing civic trust. By directly hiring and training vulnerable communities, it paved not only streets but also new avenues for participatory governance. In times when social skepticism slows down ambitious reforms, the Bolivian case illuminates a strategy as obvious as it is powerful: building with the people, not just for them.
Uno de los mayores obstáculos que deben superar los policymakers al planificar proyectos de infraestructura es el de vincular a las comunidades con las iniciativas que se llevan a cabo en el territorio. Es fundamental reconocer que toda intervención, por más beneficiosa que sea a largo plazo, inevitablemente genera una perturbación en el tejido social existente.
Frente a este desafío han surgido diferentes respuestas: desde audiencias públicas previas al inicio de las obras hasta compensaciones económicas para los damnificados. Sin embargo, uno de los enfoques que mejores resultados ha mostrado es el de las políticas colaborativas. Este tipo de intervención está basada en una premisa básica: la participación activa de los agentes alcanzados genera una sinergia positiva que reduce cualquier posible incertidumbre y abre paso a la colaboración.
Si bien es posible mencionar diferentes ejemplos, uno de los casos más destacados por su impacto es el Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleos en Bolivia. Este programa, desarrollado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social de Bolivia (FPS) en colaboración con FONPLATA, buscaba contribuir al sostenimiento de los niveles de actividad de quienes vieron afectados sus ingresos habituales por inundaciones, sequías, y otros fenómenos climáticos a través de la generación de empleo temporal de población vulnerable, orientado a la implementación de proyectos de infraestructura urbana y rural de pequeña escala. Para lograrlo, se identificaron obras de infraestructura, especialmente vías urbanas, en diferentes ciudades pequeñas y medias; se contrató a los vecinos de las ciudades para llevar a cabo la construcción de las obras; se los capacitó en los oficios necesarios para llevar a cabo las labores y se los invitó a participar en diferentes etapas de diseño de las mismas. De esta manera, con una operación de USD 40.000.000, el programa logró un impacto multidimensional plasmado en la generación aproximada de 7000 empleos directos; una superficie vial mejorada de más de 600.000 m2 en zonas vulnerables; la mejora de diversos espacios públicos de interés a partir de un diseño colaborativo; y la capacitación laboral de miles de personas, especialmente mujeres y jóvenes.
El éxito del programa fue tal que se lanzó una segunda operación de USD 65.000.000 en la que se amplió el alcance de la iniciativa con el objeto de realizar obras de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento urbano en ciudades capitales e intermedias; generar empleo directo e indirecto con énfasis en sectores sociales vulnerables (mujeres y jóvenes); y potenciar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Para alcanzar estos nuevos objetivos, a diferencia de la operación anterior, se realizaron convenios con pequeñas y medianas empresas con el compromiso de que estas contraten mano de obra local, manteniendo el espíritu de colaboración y control social de cara a la construcción de las obras. De esta manera, 21 ciudades intermedias se vieron beneficiadas con obras de mejoramiento de vías vehiculares y peatonales con losetas; construcción de áreas verdes; señalización horizontal y vertical; dotación de alumbrado público y obras de drenaje pluvial; equipamiento y mejora de áreas de recreación, áreas deportivas, casas comunales e infraestructura de apoyo al turismo. Asimismo, se generaron miles de puestos de trabajo tanto por los contratos de construcción como por las propias obras.
Si bien existen otros factores que explican el éxito del citado programa, como la organización social y constitución política del estado en Bolivia que identifica a los actores sociales como una parte activa de la implementación de las políticas públicas generando así un enorme potencial para las políticas colaborativas, el Programa de Generación de Empleos, marca un antecedente del potencial de este tipo de políticas para alcanzar un impacto multidimensional y capitalizar la intervención de los agentes involucrados. Un ejemplo claro de cómo se podría replicar esta metodología es en la mejora de barrios autoconstruidos, donde el desafío de reducir la incertidumbre de los habitantes ante la intervención es complejo: los habitantes desconfían de los agentes gubernamentales ya sea por el miedo a perder su hogar o bien por verse perjudicados de alguna manera con la intervención. Un programa similar al de Generación de Empleos le permitiría a los policy makers incorporar al proceso de intervención a los residentes del barrio, reduciendo sustancialmente el grado de incertidumbre; generar un programa de empleo formal, promoviendo el desarrollo social de decenas de familias tanto por la remuneración como por la capacitación necesaria para llevar a cabo la actividad y el acceso a los servicios financieros; y mejorar la infraestructura edilicia del barrio, mejorando la calidad de vida en general de la comunidad por medio de la llegada de servicios básicos y resguardando el sentido de arraigo.
En el marco de un escenario complejo como el que atraviesa la región, donde el déficit estructural se ve aparejado con un bajo crecimiento económico y crisis social, las políticas colaborativas nos demuestran que existe un enorme potencial que podemos aprovechar para lograr más y mejores resultados con los mismos recursos.
One of the greatest obstacles that policymakers must overcome when planning infrastructure projects is connecting communities with the initiatives being carried out in their territory. It is essential to recognize that any intervention, no matter how beneficial it may be in the long term, inevitably generates a disturbance in the existing social fabric.
Faced with this challenge, different responses have emerged: from public hearings prior to the start of the works to economic compensation for those affected. However, one of the approaches that has shown the best results is that of collaborative policies. This type of intervention is based on a basic premise: the active participation of the affected agents generates a positive synergy that reduces any possible uncertainty and paves the way for collaboration.
While it is possible to mention different examples, one of the most notable cases due to its impact is the Urban Infrastructure for Employment Generation Program in Bolivia. This program, developed by the National Productive and Social Investment Fund of Bolivia (FPS) in collaboration with FONPLATA, sought to contribute to maintaining activity levels for those whose habitual income was affected by floods, droughts, and other climatic phenomena through the generation of temporary employment for vulnerable populations, oriented toward the implementation of small-scale urban and rural infrastructure projects. To achieve this, infrastructure works, especially urban roads, were identified in different small and medium-sized cities; neighbors of the cities were hired to carry out the construction of the works; they were trained in the trades necessary to carry out the tasks and were invited to participate in different stages of their design. In this way, with an operation of USD 40,000,000, the program achieved a multidimensional impact reflected in the generation of approximately 7,000 direct jobs; an improved road surface of more than 600,000 m2 in vulnerable areas; the improvement of various public spaces of interest based on a collaborative design; and the labor training of thousands of people, especially women and youth.
The success of the program was such that a second operation of USD 65,000,000 was launched in which the scope of the initiative was expanded with the objective of carrying out basic, complementary, and urban equipment infrastructure works in capital and intermediate cities; generating direct and indirect employment with an emphasis on vulnerable social sectors (women and youth); and boosting the development of micro, small, and medium-sized enterprises. To achieve these new objectives, unlike the previous operation, agreements were made with small and medium-sized enterprises with the commitment that they would hire local labor, maintaining the spirit of collaboration and social control regarding the construction of the works. In this way, 21 intermediate cities benefited from works improving vehicular and pedestrian paths with tiles; construction of green areas; horizontal and vertical signage; provision of public lighting and storm drainage works; equipment and improvement of recreation areas, sports areas, community houses, and infrastructure supporting tourism. Likewise, thousands of jobs were generated both by construction contracts and by the works themselves.
Although there are other factors that explain the success of the aforementioned program, such as the social organization and political constitution of the state in Bolivia, which identifies social actors as an active part of the implementation of public policies, thereby generating enormous potential for collaborative policies, the Employment Generation Program marks a precedent for the potential of this type of policy to achieve a multidimensional impact and capitalize on the intervention of the agents involved. A clear example of how this methodology could be replicated is in the improvement of self-built neighborhoods, where the challenge of reducing the inhabitants' uncertainty regarding the intervention is complex: the inhabitants distrust government agents, either due to the fear of losing their home or of being harmed in some way by the intervention. A program similar to the Employment Generation one would allow policymakers to incorporate the neighborhood's residents into the intervention process, substantially reducing the degree of uncertainty; generate a formal employment program, promoting the social development of dozens of families both through remuneration and the training necessary to carry out the activity and access to financial services; and improve the neighborhood's building infrastructure, improving the general quality of life of the community through the arrival of basic services and safeguarding the sense of roots.
Within the framework of a complex scenario like the one the region is going through, where the structural deficit is coupled with low economic growth and social crisis, collaborative policies show us that there is enormous potential that we can take advantage of to achieve more and better results with the same resources.