Los recicladores de base son trabajadores independientes que recolectan, separan y venden residuos obtenidos en la vía pública o en sitios de disposición final. Se estima que 4 millones de personas en la región obtienen su sustento de vida como recicladores de base, las cuales en su mayoría pertenecen a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. Esta condición adquiere una relevancia especial considerando la exposición a condiciones precarias de salud y seguridad.

Si bien la percepción social sobre los recolectores está asociada a actividades de subsistencia, los datos nos indican una realidad muy diferente: de acuerdo con ONU-HÁBITAT, los recicladores de base recolectan entre el 15% y el 20% de los materiales reciclables en las ciudades de países en desarrollo de América Latina y el Caribe. De esta manera los recolectores generan beneficios como: la extensión de la vida útil de los rellenos sanitarios; la reducción de los los costos de transporte de residuos; la disminución de la necesidad de extraer nuevos materiales; y la proporción de beneficios ambientales y de salud pública, incluyendo la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero.

De acuerdo con datos de la OCDE, América Latina y el Caribe es una de las regiones con un alto índice de cobertura de recolección de los residuos sólidos urbanos (RSU) con un 85%. Sin embargo, solo se recicla un 4% de los RSU recolectados. Un número considerablemente bajo considerando que el promedio de los países de la OCDE es de 20%. En este contexto de alto índice de cobertura pero bajo índice de reciclaje, la integración del sector informal a la cadena de valor de residuos resulta fundamental

No es posible implementar un plan de acción circular sin considerar la mejora del nivel socioeconómico de los recicladores de base y la creación de un marco jurídico que vele por los derechos de estos trabajadores. Si no se abordan los factores de desarrollo humano, la economía circular no alcanzará objetivos sociales importantes como la mejora de la salud, las condiciones laborales o la reducción de la desigualdad.

Si bien durante los últimos 20 años el sector de los recicladores ha logrado avances importantes en materia de visibilización y formalización, como la sanción de leyes nacionales y el lanzamiento de alianzas internacionales , el contexto actual demuestra la necesidad de seguir aunando esfuerzos, especialmente financieros dada la complejidad de acceso al crédito.

Según Bloomberg Intelligence, los activos ESG globales superaron los 30 billones de dólares en 2022 y se proyecta que superen los 40 billones para 2030. Sin embargo, la gran mayoría de estos recursos no son accesibles para las pequeñas y medianas asociaciones de de recicladores dado su bajo atractivo en el ámbito de las finanzas verdes: Son empresas con reducidos márgenes de ganancia y con bajos niveles de retorno, siendo consideradas por tanto como inversiones de alto riesgo. Considerando el escenario descrito, es notable el creciente protagonismo de las microfinanzas sostenibles como motor de pequeños modelos de negocio lucrativos que promuevan externalidades positivas como las Cooperativas de Reciclaje.

Las microfinanzas sostenibles son aquellas que, además de brindar servicios financieros a emprendedores y pequeños negocios, también consideran el impacto social y ambiental de sus actividades. Esto implica que las instituciones financieras no solo buscan la rentabilidad inversión, sino también la promoción del desarrollo sostenible a través de la inclusión financiera y la protección del medio ambiente.

Un ejemplo del potencial de impacto de estas instituciones en el sector de los recicladores de base es el de Fundación Sumatoria, una asociación civil sin fines de lucro en Argentina que impulsa el desarrollo de las finanzas de impacto, a través de instrumentos, vehículos y aprendizajes conjuntos de inversión con impacto social y ambiental positivo. Es así como la organización financio diversos proyectos de economía circular, incluidas 2 grandes cooperativas de recicladores: “Reciclemos San Isidro” y “Creando Conciencia”.

Reciclemos San Isidro es una organización con el objetivo de brindar a las familias de la ciudad una solución al problema de la basura y el reciclaje, reducir la contaminación del medio ambiente y generar oportunidades de trabajo digno a personas de barrios vulnerables. En 2022, la organización recibió una inversión de AR $2.034.264 destinada a la compra de camioneta, máquina compactadora, apiladora hidráulica manual y pintura del galpón. Logrando un impacto de 44.000 kgs de materiales reciclados; la generación de empleo digno para 12 cooperativistas; y la participación de 10.000 hogares en el programa de recolección, equivalente al 10% de los hogares de la ciudad.

Creando Conciencia es una organización fundada en el año 2005 por un grupo de vecinos preocupados por la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la situación de los recuperadores urbanos (cartoneros) y por la posibilidad de generar alternativas que enfrenten estas problemáticas con responsabilidad social y sustentabilidad. Entre 2020 y 2022, la organización realizó una inversión de AR $31.410.125 a partir de la cual la organización logró llegar a la cifra de 6500 tn de residuos recolectados.

Casos como el de Sumatoria, marcan un camino a seguir de cara al desarrollo de estrategias que promuevan la integración de los recicladores de base en el sistema de recolección en las ciudades de la región. Promoviendo un acceso directo a los recursos financieros necesarios para impulsar la formalidad del sector; generar el desarrollo de capacidades; y, ante todo, una mejora cualitativa de las condiciones laborales de los recicladores.

Base recyclers are independent workers who collect, separate, and sell waste obtained from public streets or final disposal sites. It is estimated that 4 million people in the region earn their livelihood as base recyclers, most of whom belong to the poorest and most vulnerable sectors of society. This condition acquires special relevance considering their exposure to precarious health and safety conditions.

Although the social perception of recyclers is associated with subsistence activities, the data indicates a very different reality: according to UN-HABITAT, base recyclers collect between 15% and 20% of recyclable materials in cities in developing countries in Latin America and the Caribbean. In this way, recyclers generate benefits such as: extending the useful life of landfills; reducing waste transport costs; decreasing the need to extract new materials; and providing environmental and public health benefits, including the reduction of greenhouse gas emissions.

According to OECD data, Latin America and the Caribbean is one of the regions with a high coverage rate for municipal solid waste (MSW) collection at 85%. However, only 4% of collected MSW is recycled. This is a considerably low figure considering that the average for OECD countries is 20%. In this context of a high collection coverage rate but a low recycling rate, the integration of the informal sector into the waste value chain is fundamental.

It is not possible to implement a circular action plan without considering the improvement of the socioeconomic level of base recyclers and the creation of a legal framework that safeguards the rights of these workers. If human development factors are not addressed, the circular economy will not reach important social goals such as the improvement of health, working conditions, or the reduction of inequality.

Although over the last 20 years the recycler sector has achieved important progress in terms of visibility and formalization, such as the enactment of national laws and the launch of international alliances, the current context demonstrates the need to continue joining efforts, especially financial ones given the complexity of access to credit.

According to Bloomberg Intelligence, global ESG assets exceeded 30 trillion dollars in 2022 and are projected to exceed 40 trillion by 2030. However, the vast majority of these resources are not accessible to small and medium-sized recycler associations given their low attractiveness in the green finance sector: they are companies with reduced profit margins and low levels of return, thus being considered high-risk investments. Considering the described scenario, the growing prominence of sustainable microfinance as an engine for small, lucrative business models that promote positive externalities, such as Recycling Cooperatives, is notable.

Sustainable microfinance refers to those [institutions] that, in addition to providing financial services to entrepreneurs and small businesses, also consider the social and environmental impact of their activities. This implies that financial institutions do not only seek investment profitability, but also the promotion of sustainable development through financial inclusion and environmental protection.

An example of the potential impact of these institutions on the base recycler sector is that of Fundación Sumatoria, a non-profit civil association in Argentina that promotes the development of impact finance through instruments, vehicles, and joint learning for investment with positive social and environmental impact. This is how the organization financed various circular economy projects, including 2 large recycler cooperatives: "Reciclemos San Isidro" and "Creando Conciencia."

Reciclemos San Isidro is an organization with the objective of providing the city's families with a solution to the problem of trash and recycling, reducing environmental pollution, and generating dignified work opportunities for people from vulnerable neighborhoods. In 2022, the organization received an investment of AR $2,034,264 destined for the purchase of a van, a compacting machine, a manual hydraulic stacker, and paint for the warehouse. It achieved an impact of 44,000 kg of recycled materials; the generation of dignified employment for 12 cooperative members; and the participation of 10,000 households in the collection program, equivalent to 10% of the city's households.

Creando Conciencia is an organization founded in 2005 by a group of neighbors concerned about the final disposal of municipal solid waste, the situation of urban recuperators (cartoneros), and the possibility of generating alternatives to face these problems with social responsibility and sustainability. Between 2020 and 2022, the organization made an investment of AR $31,410,125, from which the organization managed to reach the figure of 6,500 tons of collected waste.

Cases like Sumatoria's mark a path to follow regarding the development of strategies that promote the integration of base recyclers into the collection system in cities in the region, promoting direct access to the financial resources necessary to boost the formalization of the sector, generate capacity building, and, above all, a qualitative improvement in the recyclers' working conditions.