Regular la inteligencia artificial en el Estado: un primer paso con desafíos abiertos
Regulating the Use of Artificial Intelligence in the State: a first step with open challenges
La Provincia de Buenos Aires aprobó el primer reglamento obligatorio para el uso de inteligencia artificial en una administración pública en Argentina. Inspirado en el modelo europeo de clasificación por riesgos, el marco busca ordenar la incorporación de algoritmos en el Estado, proteger derechos fundamentales y anticipar conflictos jurídicos. Sin embargo, la experiencia reciente de la Unión Europea plantea una pregunta clave: ¿puede una regulación ambiciosa sostenerse sin generar rigideces, sobrecostos y problemas de implementación en contextos institucionales frágiles?
The Province of Buenos Aires approved the first mandatory regulation for the use of artificial intelligence in a public administration in Argentina. Inspired by the European risk-based classification model, the framework seeks to organize the incorporation of algorithms in the State, protect fundamental rights, and anticipate legal conflicts. However, the recent experience of the European Union raises a key question: can an ambitious regulation sustain itself without generating rigidities, extra costs, and implementation problems in fragile institutional contexts?
La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la gestión pública avanzó en Argentina sin un marco normativo que estableciera reglas claras sobre su uso. Algoritmos comenzaron a intervenir en trámites, procesos administrativos y decisiones asistidas, mientras el Estado carecía de parámetros comunes para regular su funcionamiento. En este contexto, la Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires marca un hito institucional al convertirse en la primera norma obligatoria que regula de manera integral el uso de la IA en una administración pública. Por primera vez, la IA deja de ser solo una herramienta de gestión para convertirse en un objeto de regulación estatal.
El reglamento se inscribe en debates globales sobre la gobernanza de la IA, inspirándose en estándares internacionales orientados a compatibilizar innovación y protección de derechos. En este marco, el uso de IA en el Estado exige reglas claras, límites preventivos y mecanismos de control orientados a garantizar transparencia, equidad y responsabilidad pública.
El reglamento bonaerense y su lógica de gobernanza
El reglamento bonaerense no se limita a habilitar el uso de IA en la administración pública, sino que establece una serie de principios orientados a ordenar su desarrollo y aplicación. El foco no está puesto en la tecnología en sí misma, sino en sus efectos. En este sentido, la norma prioriza la centralidad de la persona humana, la protección de datos personales, la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad de los actores que intervienen en el ciclo de vida de los sistemas de IA.
Uno de los aspectos centrales del reglamento es la adopción de un modelo de clasificación por niveles de riesgo, inspirado en el esquema desarrollado por la Unión Europea. Siguiendo este enfoque, la norma distingue entre sistemas de riesgo “inaceptable, alto, limitado y nulo”. Aquellos considerados de riesgo inaceptable quedan expresamente prohibidos, mientras que los sistemas de menor impacto pueden utilizarse bajo determinadas condiciones relativas, siempre que no afecten derechos ni garantías básicas.
Para los sistemas identificados como de alto riesgo, el reglamento introduce obligaciones reforzadas. Antes de su implementación, los organismos públicos deberán realizar una “Evaluación de Impacto Algorítmico” orientada a anticipar posibles daños legales, éticos, sociales o técnicos. Esta herramienta funciona como un filtro preventivo frente a decisiones automatizadas que podrían afectar derechos individuales o colectivos.
Por último, la norma refuerza la transparencia hacia la ciudadanía. Todo organismo que utilice sistemas de IA para interactuar directamente con las personas tiene la obligación de informar, de manera clara y previa, que se trata de una interacción automatizada. A ello se suma la creación del Registro de Inteligencia Artificial, que permitirá identificar qué tecnologías se utilizan en el Estado, en qué condiciones y con qué responsables. De este modo, se fortalecen los mecanismos de control y rendición de cuentas.
El espejo europeo: inspiración, advertencias y proyección
El modelo adoptado por la Provincia de Buenos Aires no surge del vacío, sino que retoma la arquitectura desarrollada por la UE. Sin embargo, la experiencia del bloque demuestra que laambición normativa no siempre se traduce en una implementación sencilla. La complejidad del marco regulatorio, la ausencia de estándares técnicos definitivos y los costos de cumplimiento generaron demoras y pedidos de flexibilización.
Este recorrido ofrece una advertencia relevante para las jurisdicciones que toman a la UE como modelo. Adoptar su estructura regulatoria implica asumir el riesgo de trasladar sus rigideces. Regular la IA no se agota en la definición de principios o esquemas de clasificación, sino que exige capacidades institucionales suficientes para sostenerlos en el tiempo. Sin estructuras técnicas adecuadas, recursos humanos especializados y mecanismos claros de implementación, incluso regulaciones bien diseñadas pueden quedar atrapadas entre el formalismo normativo y la dificultad de aplicación efectiva.
En esa misma línea, emerge el riesgo de sobrerregulación. Cargas normativas excesivas pueden ralentizar la adopción tecnológica y desalentar la innovación, incluso dentro del sector público. En contextos latinoamericanos con capacidades institucionales más frágiles, estas tensiones se intensifican.
Aun con esos límites, el valor político del paso dado no debe subestimarse. El reglamento bonaerense introduce principios clave para la gobernanza algorítmica en el sector público, refuerza el control humano sobre las decisiones automatizadas y consolida la rendición de cuentas en el uso de tecnologías emergentes. Desde una perspectiva más amplia, la Resolución 9/2025 marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y Estado en Argentina. La pregunta ya no es si regular la IA en el sector público, sino cómo hacerlo de manera viable y flexible, sin reproducir las rigideces que hoy enfrenta el modelo europeo.
The incorporation of artificial intelligence systems into public management advanced in Argentina without a regulatory framework establishing clear rules for its use. Algorithms began to intervene in procedures, administrative processes, and assisted decisions, while the State lacked common parameters to regulate their functioning. In this context, Resolution 9/2025 of the Province of Buenos Aires marks an institutional milestone by becoming the first mandatory rule to comprehensively regulate the use of AI in a public administration. For the first time, AI ceases to be just a management tool and becomes an object of state regulation.
The regulation is part of global debates on AI governance, drawing inspiration from international standards aimed at reconciling innovation with the protection of rights. Within this framework, the use of AI in the State demands clear rules, preventive limits, and control mechanisms designed to guarantee transparency, equity, and public accountability.
The Buenos Aires regulation and its governance logic
The Buenos Aires regulation is not limited to enabling the use of AI in public administration; it establishes a series of principles aimed at ordering its development and application. The focus is not placed on the technology itself, but on its effects. In this sense, the norm prioritizes the centrality of the human person, the protection of personal data, transparency, traceability, and the responsibility of the actors involved in the lifecycle of AI systems.
One of the core aspects of the regulation is the adoption of a risk-level classification model, inspired by the framework developed by the European Union. Following this approach, the norm distinguishes between systems of "unacceptable, high, limited, and zero" risk. Those considered of unacceptable risk are expressly prohibited, while systems with a lower impact can be used under certain relative conditions, provided they do not affect basic rights or guarantees.
For systems identified as high risk, the regulation introduces reinforced obligations. Prior to their implementation, public agencies must conduct an "Algorithmic Impact Assessment" aimed at anticipating potential legal, ethical, social, or technical harms. This tool functions as a preventive filter against automated decisions that could affect individual or collective rights.
Finally, the rule reinforces transparency toward citizens. Any agency that uses AI systems to interact directly with people has the obligation to inform them, clearly and beforehand, that it is an automated interaction. Added to this is the creation of the Artificial Intelligence Registry, which will allow for the identification of which technologies are used in the State, under what conditions, and with which responsible parties. In this way, control and accountability mechanisms are strengthened.
The European mirror: inspiration, warnings, and projection
The model adopted by the Province of Buenos Aires does not emerge from a vacuum; it retakes the architecture developed by the EU. However, the bloc's experience demonstrates that regulatory ambition does not always translate into a straightforward implementation. The complexity of the regulatory framework, the absence of definitive technical standards, and compliance costs generated delays and requests for flexibility.
This path offers a relevant warning for jurisdictions that take the EU as a model. Adopting its regulatory structure implies assuming the risk of transferring its rigidies. Regulating AI is not exhausted in the definition of principles or classification schemes, but demands sufficient institutional capacities to sustain them over time. Without adequate technical structures, specialized human resources, and clear implementation mechanisms, even well-designed regulations can become trapped between normative formalism and the difficulty of effective application.
In the same vein, the risk of overregulation emerges. Excessive regulatory burdens can slow down technological adoption and discourage innovation, even within the public sector. In Latin American contexts with more fragile institutional capacities, these tensions intensify.
Even with those limits, the political value of the step taken should not be underestimated. The Buenos Aires regulation introduces key principles for algorithmic governance in the public sector, reinforces human control over automated decisions, and consolidates accountability in the use of emerging technologies. From a broader perspective, Resolution 9/2025 marks a turning point in the relationship between technology and the State in Argentina. The question is no longer whether to regulate AI in the public sector, but how to do so in a viable and flexible way, without reproducing the rigidities currently faced by the European model.
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