Las últimas elecciones legislativas en Argentina dejaron una postal inquietante: la participación fue sumamente baja, lo que pone sobre la mesa una crisis de representación democrática de proporciones gigantes. Esa caída representa un síntoma muy profundo de la crisis de la legitimidad de las instituciones y del sistema político.

En los comicios de este año, solo votó el 67% del padrón, lo que significa que alrededor de 12 millones de personas habilitadas decidieron no concurrir a las urnas. Podemos observar cifras que exceden una normal variación de la estadística y evidencian un problema estructural que ya no puede ignorarse.

La falta de movilización ciudadana tiene su raíz en un desencanto profundo hacia la idea democrática. Muchos ciudadanos sienten que la política ya no es una herramienta para cambiar su vida, que sus problemas no son escuchados y que votar no modifica nada. Aquí se encuentra la verdadera grieta: entre la ciudadanía y sus representantes. El contrato social pierde sentido ante un Estado que ya no sirve al propósito original para el que fue creado: escuchar a la sociedad y actuar en consecuencia. La gente ya no se siente escuchada ni servida por el Estado. Al contrario, sienten que ellos son quienes están para servirlo. El estado, en lugar de sentirse como una representación real de la composición de la sociedad, se volvió una torre de marfil a la que se la mira desde abajo.

Todo lo mencionado hasta ahora se reflejó en la pobre participación y esto tiene consecuencias concretas. Cuando el Congreso se renueva con poco respaldo del electorado, su legitimidad se debilita. Los legisladores electos enfrentan el desafío de representar a una importante fracción del país que decidió no acompañarlos esta vez. Esa desconexión genera, a su vez, mayor desconfianza institucional.

En otras palabras, se presenta un llamado de atención para la clase dirigente. Gobernar sin el apoyo de un tercio del país implica enfrentar un problema simbólico enorme y es que no se puede construir políticas cuando un conjunto tan grande decide no formar parte del proceso. La legitimidad se vuelve un activo frágil y conlleva una posible inestabilidad.

Urge que nuestros líderes hagan una verdadera actividad de reflexión e introspección sobre cómo se desgastó tanto su credibilidad, al punto de que millones de personas eligieron no creer más en la promesa de cambio que representa una elección. Hay un axioma que indica que es imposible no comunicar. Incluso la inacción dice algo; el silencio también es un mensaje. En estas elecciones, la ciudadanía habló con ese silencio. El mensaje fue directo, casi brutal: “no creemos en nadie”.

The latest legislative elections in Argentina left a deeply unsettling picture: turnout was remarkably low, placing a massive crisis of democratic representation on the table. This drop represents a profound symptom of the crisis regarding the legitimacy of institutions and the political system.

In this year's elections, only 67% of the electoral roll voted, meaning that around 12 million eligible individuals decided not to go to the polls. We are observing figures that far exceed a normal statistical variation and evidence a structural problem that can no longer be ignored.

The lack of citizen mobilization is rooted in a deep disenchantment with the democratic idea itself. Many citizens feel that politics is no longer a tool to change their lives, that their problems are not heard, and that voting does not alter anything. Here lies the true rift: between the citizenry and its representatives. The social contract loses meaning before a State that no longer serves the original purpose for which it was created—to listen to society and act accordingly. People no longer feel heard or served by the State. On the contrary, they feel they are the ones there to serve it. The State, instead of feeling like a real representation of society's composition, has become an ivory tower looked at from below.

Everything mentioned so far was reflected in the poor turnout, and this carries concrete consequences. When Congress is renewed with little backing from the electorate, its legitimacy weakens. Elected legislators face the challenge of representing a significant faction of the country that decided not to accompany them this time. This disconnection, in turn, generates greater institutional distrust.

In other words, this stands as a wake-up call for the ruling class. Governing without the support of a third of the country implies facing an enormous symbolic problem; policies cannot be built when such a large group decides not to be part of the process. Legitimacy becomes a fragile asset, bringing about potential instability.

It is urgent for our leaders to engage in a genuine exercise of reflection and introspection regarding how their credibility became so eroded, to the point where millions of people chose to no longer believe in the promise of change that an election represents. There is an axiom stating that it is impossible not to communicate. Even inaction says something; silence is also a message. In these elections, the citizenry spoke through that silence. The message was direct, almost brutal: "we do not believe in anyone."